La UMA anuncia una comisión para estudiar los contratos de investigación

Los efectos del caso Errejón y las supuestas irregularidades cometidas por el dirigente de Podemos como beneficiario de un contrato de investigación de la Universidad de Málaga siguen dejándose sentir. El Consejo Social de la institución académica acordó ayer poner en marcha en su próxima sesión una comisión que se encargue de realizar un estudio de los contratos de investigación.

La reacción del organismo se produce después de que el representante del PP en el mismo, Javier Gutiérrez del Álamo, reclamase la extensión de la investigación realizada sobre el contrato de Errejón al resto de becas y contratos de investigación suscritos por la UMA. "En este asunto más que en ninguno ha quedado patente la total falta de control y vigilancia del destino que la Universidad da a esos contratos, por lo que no podemos descartar que casos similares estén sucediendo y escapen al control de la propia Universidad", puso de relieve ayer el dirigente popular. Durante la sesión del Consejo Social, Gutiérrez del Álamo preguntó acerca de cuántos contratos están en vigor, cuál es el seguimiento que se hace de los mismos y de su grado de cumplimiento. "No es de recibo que una institución como la UMA se vea salpicada por asuntos de este tipo, que manchan la imagen de toda la comunidad universitaria", dijo.

Para el representante del PP, las irregularidades denunciadas "han dejado patente en toda España la falta de transparencia y control por parte de los responsables de la gestión de la Universidad". Las mismas supusieron la apertura de un expediente disciplinario al dirigente de Podemos y su suspensión de funciones por el presunto incumplimiento de las obligaciones que figuraban en su contrato laboral. Asimismo, la institución decretó la apertura de otro expediente al investigador principal para el que trabajaba Errejón, el profesor Alberto Montero.

De otro lado, Gutiérrez del Álamo preguntó sobre la investigación que la Fiscalía está llevando a cabo a partir de una denuncia del sindicato CSIF sobre los pagos supuestamente irregulares realizados a la Fundación General de la UMA y a la Fundación Eccus, registrados entre 2009 y 2011 por un importe total de 3,6 millones de euros. Según indicaron desde la institución universitaria, a través de un comunicado, la rectora contestó a las cuestiones formuladas por el representante del PP. No obstante, en el escrito no se alude al contenido de esas contestaciones.

El Consejo Social de la UMA aprobó, además, el presupuesto para 2015, con un voto en contra y una abstención. Las cuentas experimentarán un aumento del 3,4 por ciento, hasta llegar a los 226.353.050 euros.