NO sé bien quién fue el primero, a qué personaje político hay que atribuirle la invención del anillo ferroviario de Antequera. Un proyecto no nacido del que por el contrario, como suele ocurrir en estos casos, se han detallado cifras y números sin fin. Antes incluso de que haya resultado todo un fracaso y de quedar enterrado, al momento presente, ante el desinterés absoluto por parte de los necesarios socios privados, se enfatizó que su construcción iba a ser capaz de generar 7.000 empleos y que su explotación iba a elevar a la provincia de Málaga como referente mundial en materia de nuevas tecnologías. Es probable que algunos hiciesen las cuentas de la vieja y rentabilizasen tanto puesto de trabajo recortando las filas del paro.

La realidad, sin embargo, demuestra que los buenos augurios dibujados tanto por socialistas como por populares dejan en evidencia a esos mismos que han querido inflar sus expectativas de voto con esta iniciativa. No ha muchos meses atrás eran diputados como Miguel Ángel Heredia o Trinidad Jiménez los que ensalzaban las bondades de una infraestructura lastrada en la actualidad; dirigentes que hoy emplean el fiasco del anillo como ariete contra los actuales dirigentes del Ministerio de Fomento. Y todo sea dicho, aquellos que pertenecieron al PP en sus tiempos de la oposición mantenían no poca prudencia ante el posible éxito del anillo, buscando hoy acomodo y justificación al encallamiento del proyecto.

Un dirigente cuyo carné político es semejante al que luce la actual ministra de Fomento, Ana Pastor, decía no hace muchas semanas que probablemente el proyecto del anillo hubiese salido adelante si la ministra le hubiese dedicado una mínima parte del tiempo que sí le ha prestado al conflicto de Sacyr con el canal de Panamá. A pesar de su defensa de un proyecto que, en abril del año pasado, ensalzaba como viable y apuntaba que la financiación estaba garantizada, Pastor ha sido incapaz de disuadir a empresas dispuestas no sólo a ejecutar el circuito de pruebas ferroviarias, necesario para que los trenes alcancen velocidades próximas a los 500 kilómetros por hora, sino sobre todo a explotar las instalaciones por un periodo de tiempo razonable en el que abonar un dinero al Estado.

Fuentes próximas a la iniciativa llegan a asegurar que es precisamente éste el escollo principal, la obligación que pesa sobre el procedimiento de que abonen anualmente una cantidad concreta al Gobierno central. La última novedad en la no muy extensa historia del anillo se encuentra en el ofrecimiento de la Junta por reajustar la propuesta y permitir con ello que los más de 210 millones con los que ya cuenta el Ejecutivo de la Nación procedentes de la Unión Europea no se diluyan como un azucarrillo. Para ello, en diciembre los responsables de la Administración autonómica pusieron sobre la mesa de Fomento la posibilidad de emplear un tramo del fallido AVE Sevilla-Antequera, entre Marchena y Antequera, como circuito de pruebas. La adecuación final de este trazado posibilitaría alcanzar velocidades de hasta 400 kilómetros a la hora, muy por debajo de los umbrales contemplados con la iniciativa primera.

El principal punto a favor es que abriría la vía a usar una infraestructura hoy por hoy muerta, en la que ya se han invertido varios millones. Sin embargo, por lo que se sabe, la posición del Gobierno es contraria a aceptar la alternativa planteada, entre otras razones, alegando la dificultad de justificar un destino de los fondos europeos distinto al contemplado en el minuto uno de la propuesta. Un pensamiento perverso lleva a intuir que, lejos de las razones que pueda haber, existe tras esta oposición, un pensamiento básico de no aceptar aquello que se ofrece desde el contrario.

En esta política de bandos enfrentados, en el que no se admite el acierto del opositor y de saborea la herida ajena, no es descabellado que el Gobierno renuncie a la idea de la Junta simple y llanamente porque no se diga que admite la mano de una administración gobernada por el PSOE. Pero más allá de imaginaciones perversas, lo que constata esa reunión de diciembre, en la que a un lado de la mesa se posicionaban responsables de Fomento, y al otro, de la Junta, es la incapacidad de sacar adelante aquellos compromisos a los que se obligaron con los ciudadanos.

El eje ferroviario transversal es apenas un recuerdo no muy lejano de las aspiraciones de una administración, la autonómica, que se vanagloriaba de ser la única comunidad regional que ejecutaba kilómetros de AVE con fondos propios; el anillo, el ejemplo fiel de una pretensión alejada de las capacidades reales del Gobierno, que sin dinero contante y sonante con el que, sobre todo, poner en marcha y mantener tan lustrosas instalaciones, se ve obligado a mirar a las empresas para encontrar respuesta a sus interrogantes. Empresas, que por cierto, suelen contar con el favor permanente de los ahora gobernantes. Bien lo saben Sacyr y otras multinacionales, ya sea por el canal de Panamá, ya sea por el rescate de autopistas ruinosas, ya sea por... Hay un largo etcétera.