El encarecimiento de los precios de alquiler en Málaga capital, en buena medida alimentado por el boom del fenómeno de las viviendas turísticas, unido al aumento de las familias incapaces hace frente a los costes de acceso al mercado residencial y de migrantes llegados a la ciudad están conformando un escenario que el propio Ayuntamiento ya califica de "emergencia social". Estos son los términos que emplea el área de Derechos Sociales en un informe remitido al Instituto Municipal de la Vivienda reclamando la puesta en marcha de medidas con las que disponer de alojamientos para atender las necesidades de familias en situación prioritaria.

El citado documento, que pudo consultar este periódico, es taxativo al incidir en la problemática actual. En concreto, los responsables municipales hablan de la existencia de una doble problemática. De un lado, informan de la existencia de unidades familiares que tras superar "las dificultades que le han llevado a su situación de sinhogarismo, adquiriendo habilidades para su integración" se ven incapaces de conseguir un alojamiento.

Debido al estado actual del mercado inmobiliario, el reto se convierte en "imposible de franquear", incluso en el caso de que esas familias reciban las ayudas habilitadas por el propio Consistorio para sufragar buena parte del coste de arrendamiento y que alanza los 450 euros mensuales. Todo ello "imposibilita" su salida de la red de personas sin hogar, lo que puede contribuir al "colapso" del servicio. Según Derechos Sociales, a fecha de principios del pasado mes de junio, eran 10 las familias con perfil de "sinhogarismo" en lista de espera para acceder a los recursos residenciales de este programa.

A este primer problema se suma la existencia de un gran número de familias que acude a los servicios de Puerta Única "por tener una situación desesperada por no tener donde alojarse, ya que por determinadas circunstancias coyunturales se han visto privadas de su alojamiento habitual y necesitan urgentemente de un alojamiento alternativo". En buena medida se trata de personas que, con menores a su cargo, son protagonistas de desahucio o desalojo.

Este aspecto fue resaltado por la directora general de Derechos Sociales, Ruth Sarabia, quien habla de que en las últimas semanas se registra una media de "cinco o seis desahucios". Una de las novedades es que los desalojos judiciales no están ya provocados por los bancos, sino por los propios propietarios particulares de los inmuebles, "ya sea por el impago del inquilino o porque si situación económica es mala y trata de recuperar el piso para volver a ocuparlo".

"Nos vemos en la imposibilidad de ofrecerles un alojamiento adecuado para estas familias con menores; no necesitan una intervención socio-educativa específica de sinhogarismo, si no un alojamiento compartido, incluso, donde permanecer temporalmente frente a esta emergencia habitacional", destacan desde Derechos Sociales. Es por ello por lo que este departamento acaba de solicitar al IMV su colaboración para "paliar urgentemente" esta "emergencia social" con el arrendamiento de, al menos, diez pisos en alquiler durante un año para alojamientos transitorios de emergencia. En la actualidad, el Ayuntamiento dispone de diez de estos pisos, por los que en 2017 pasaron 43 familias, a los que ahora se quieren sumar otros diez. "De lo contrario un gran número de familias se verán completamente en desamparo habitacional", incide el informe.

Ante la reclamación, la respuesta del IMV es inmediata, al punto de que acaba de poner en marcha un proceso de búsqueda de viviendas que cumplan las exigencias mínimas para responder a esta necesidad. Ante esto, el Servicio de Gestión Promocional realizó un estudio de mercado, concluyendo el "constreñimiento" que presenta el mercado inmobiliario y el "elevado encarecimiento" de los alquileres, así como una "muy escasa disponibilidad" de este tipo de viviendas. Circunstancias que justifican, a juicio del ente municipal, que se opte por concertar de modo directo los mencionados alquileres con los agentes inmobiliarios que tiene disponibilidad.

Para avanzar en esta línea de acción, el IMV dispone de un presupuesto de 150.000 euros para este ejercicio, fijando el máximo de la renta mensual de los inmuebles en 900 euros, "no admitiéndose proposiciones económicas por encima de esta cantidad". Este valor incluye la renta mensual, el abono de la fianza, el costo del agua y la luz, los gastos de comunidad y otros pequeños gastos.

Las viviendas que sean propuestas deberán tener una superficie superior a 70 metros, con salón, cocina y al menos un baño con lavabo, inodoro y bañera o ducha; todas las habitaciones han de tener ventanas al exterior o a patio interior; deberán estar amuebladas y en condiciones para su inmediata ocupación...