La Ley 10/2021 de trabajo a distancia, conocida como la ley del teletrabajo, entró en vigor en julio del año pasado y, entre otras medidas, obliga a las empresas a dotar a los empleados que trabajen desde casa del equipamiento informático necesario y a abonar los costes derivados de la jornada laboral, como pueden ser la conexión a internet, la luz, el material de papelería o tener una mesa o una silla adecuados para pasar una jornada de ocho horas diarias. Sin embargo, la mayoría de las empresas malagueñas están haciendo caso omiso.  

Esta semana hemos conocido que Opplus, una empresa de teleoperadores de BBVA con más de 2.400 empleados en Málaga, acaba de firmar con los representantes sindicales un pacto a través del cual se establece una jornada presencial del 60% y otra de teletrabajo del 40%, así como el pago de 10 euros brutos diarios para hacer frente a los gastos en casa. Este caso es una raya en el agua y, además, no ha sido nada sencillo. Visitación Fernández, representante de UGT en esta empresa, ha explicado a este diario que, de primeras, la empresa se opuso al teletrabajo, luego ofreció la posibilidad de que representara el 25% de la jornada y, tras protestas y hasta una huelga de los trabajadores, finalmente han decidido que haya un 40%. La ley dice que debe haber, al menos, un 30% de la jornada a distancia para que se pueda hablar de teletrabajo. 

Soledad Ruiz, secretaria general de UGT en Málaga, asegura tajante que “las empresas no le están haciendo caso a la ley” y reclama más revisiones a la inspección de trabajo en esta materia. “Las empresas se están ahorrando muchos costes si tienen a sus empleados trabajando en sus casas y no puede ser  que estos costes estén recayendo en los trabajadores y sus familias”, señala Ruiz, quien explica que los representantes sindicales quieren que se traten estos temas en el diálogo social. “La ley fue uno de los logros de la pandemia pero como toda ley necesita su desarrollo a través de los reglamentos y la negociación colectiva y en Málaga no se ha hecho. Cada vez que hay un acuerdo luego cuesta mucho conseguir que se cumpla porque las empresas no están acostumbradas. Los sindicatos somos pacientes, pero siempre que el tema esté en la mesa de negociación y con unos plazos determinados”, afirma la máxima responsable de UGT en Málaga. 

En la Confederación de Empresarios de Málaga se es consciente de la situación y destacan que hay muchas variantes en función del sector y el tipo de empresa. “Desde el punto de vista normativo, el teletrabajo debe acordarse de forma voluntaria e individualizada entre cada empresa y cada trabajador. En el caso de que ya se hubiera adoptado esta modalidad antes de la pandemia, la ley 10/2021, publicada el 9 de julio de ese año, contemplaba un plazo de tres meses para adecuar los acuerdos a las nuevas directrices, mientras que cuando estas condiciones están reguladas en un convenio colectivo, el plazo de adecuación se extiende a una nueva negociación tras la pérdida de vigencia del convenio e incluso en algunos casos se extiende hasta los tres años. Es por ello que podemos encontrarnos circunstancias y casuísticas muy distintas en un mercado laboral dinámico y diverso, como es el malagueño”, detalla Natalia Sánchez, vicepresidenta de la CEM.

Sánchez explica que “la llegada del Covid-19 supuso un cambio importante para las dinámicas de muchas empresas que vieron cómo, repentinamente, debían cerrar, y adaptarse, junto a los profesionales a su cargo, al teletrabajo. En los dos años transcurridos desde entonces hemos tenido tanto una nueva legislación al respecto como un margen temporal para probar cuál es el modelo que mejor se adapta a la actividad de cada empresa, y es por ello que, mientras en unos centros de trabajo se ha recuperado por completo la presencialidad, en otros se ha implantado un modelo híbrido, más flexible, en el que se combinan la asistencia a la oficina con el trabajo a distancia”.

Decían con la pandemia que el teletrabajo había llegado para quedarse. Un estudio publicado por la empresa de recursos humanos Factorial asegura que más del 10% de las empresas españolas ya optan completamente por el trabajo en remoto, mientras que la mayoría están apostando por modelos híbridos, es decir, dar la posibilidad al empleado o empleada de trabajar unos días en la oficina y otros en casa o estar por la mañana en la oficina y por la tarde en el hogar.