Málaga

Juzgan a una pareja por obligar a una mujer a prostituirse para pagar una deuda de 60.000 euros

  • La víctima relata en el juicio que durante años fue forzada a trabajar en un polígono de Málaga una vez que los acusados la trajeron a España desde Nigeria 

La Ciudad de la Justicia La Ciudad de la Justicia

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Una mujer y un hombre han sido juzgados por la Audiencia Provincial de Málaga por presuntamente obligar a una mujer, de nacionalidad nigeriana, a prostituirse para pagar una supuesta deuda generada por su traslado a España, que cifraban en 60.000 euros.

En dicho procedimiento hay una tercera acusada que este martes no ha comparecido a la vista oral por lo que el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga ha dictado una orden internacional de detención. 

Durante el juicio ha declarado la supuesta víctima, que ha relatado cómo durante años fue forzada a ejercer la prostitución en un polígono de Málaga y todo para saldar la deuda que había contraído con los acusados por traerla a España desde Nigeria. 

En el escrito provisional del fiscal se explica que los acusados se hicieron con los servicios de la víctima a la que alojaron en una vivienda en la que ellos convivían, previamente concertados con personas en Nigeria que consiguieron la documentación para pasar los controles fronterizos en 2011. 

Pagar para ser libre y hacer su vida

La supuesta víctima para ser libre y hacer su propia vida tenía que pagar antes a los acusados una deuda de 60.000 euros por haberla conseguido traer a España. 

La víctima ha asegurado que siempre estaba vigilada, que la procesada que está fugada siempre la acompañaba y que fueron las dos mujeres quienes la captaron, engañaron y obligaron a prostituirse para entregar todo el dinero hasta que en enero de 2014 decidió denunciar los hechos ante la Policía. 

Durante el juicio los acusados han negado los hechos y han insistido en que ella ejercía la prostitución libremente, que estuvo viviendo con ellos unos meses y que los denunció por venganza. 

El fiscal ha modificado sus conclusiones provisionales y ha mantenido a la acusada la petición de diez años de cárcel por un delito de trata de seres humanos y prostitución coactiva, mientras que al hombre le ha rebajado la pena de prisión a dos años al entender que sólo se benefició de la explotación sexual pero no la forzó.

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