La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis) nació en 2017 para intervenir en zonas desfavorecidas. Según el informe, el ámbito de actuación en la provincia de Málaga es de 14 barrios desfavorecidos con una población de más de 106.000 personas. Y el objetivo básico, promover la inserción laboral de aquellos que lo tienen más difícil. Más aún en el escenario que deja el coronavirus. 

En 2018 salieron las convocatorias y las asociaciones sociales presentaron sus proyectos, que hasta finales de 2019 no pudieron poner en marcha. Aunque tardaron meses en recibir el primer ingreso siguieron trabajando. Pero la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta no ha publicado la nueva convocatoria bianual 2021-2022 y decenas de proyectos vinculados a la Eracis tendrán que cerrar este 31 de diciembre.

La Asociación al Servicio de la Investigación y la Tecnología (ASIT) clausura su centro Aquiles de Empleo en Palma Palmilla y Castañetas. Se acaban los contratos de seis trabajadores y la atención a decenas de personas. Solo desde el final del confinamiento han facilitado la inserción laboral de 25 usuarios, además de haber ayudado a cientos de vecinos a tramitar la documentación relacionada con los ERTES que les afectaban así como otras gestiones a las que no tenían acceso debido a su situación de desigualdad digital.

“Nuestro trabajo es con las personas y no podemos hacerlo con interrupciones, tiene que ser una atención continua, no pueden estar ocho meses sin este tipo de apoyo”, considera Tomás Pérez Benz, director de ASIT. “En la ausencia de convocatoria estamos afectadas todas las asociaciones que trabajamos en la exclusión social, es un problema grande”, agrega y apunta que el impago de la cantidad pendiente a la anualidad de 2020 del programa Eracis del Fondo Social Europeo asciende en su caso a 62.894 euros, “que hasta la fecha han sido desembolsados íntegramente por nosotros”.

El 1 de diciembre de 2019 iniciaron en Prodiversa el programa Entra. Desde entonces han llegado a 150 personas de Palma Palmilla y distrito Centro. En dos semanas tendrán que despedir el programa y a las cinco técnicas a las que se les acaba el contrato. “Nos deja en una situación penosa”, lamenta Yolanda Florido, coordinadora del área de Acción Social de Prodiversa.

“El itinerario lo abren desde los Servicios Sociales y, una vez que llegan aquí, trabajamos en base a las potencialidades de cada persona”, indica Florido. Explica que los preparan para la búsqueda de empleo y también realizan labores de mediación, buscando empresas. “Trabajamos las competencias básicas y trasversales relacionadas con la búsqueda de empleo, desde la alfabetización digital hasta realizar un taller de entrevistas”, añade.

En Prodiversa subrayan que se trabaja de una manera integral, ya que los usuarios y su familia se pueden beneficiar de otros programas que tienen en marcha en la entidad. Asesoramiento jurídico, formación o apoyo escolar para los hijos.

“Nuestra forma de hacer las cosas es atenderlos desde todas las perspectivas que puedan afectar a la inserción laboral y es una pena que no haya salido la convocatoria porque toda la intervención que hemos hecho se corta, lo objetivos a corto plazo no existen, tenemos que seguir trabajando”, reitera la coordinadora del área de Acción Social de Prodiversa. Y demanda “agilidad a la administración, porque supone el abandono de la población vulnerable, ellos mismos nos dicen qué van a hacer si no estamos”.

Una de las intervenciones del programa Entra de Prodiversa.

La Asociación Vive lleva 25 años trabajando con las mujeres de Palma Palmilla. Tienen varios itinerarios, clases de español para migrantes, alfabetización digital y talleres que capacitan para acceder al mercado laboral. Con el programa Eracis han puesto en marcha este año uno de cocina española y otro de costura. Hace dos años crearon una cooperativa textil en la que trabajan tres mujeres y la entidad le ofrece apoyo administrativo y asesoramiento.

“No sabemos qué vamos a hacer, nos pesa mucho que todas estas mujeres se queden desatendidas. Nuestros contratos finalizan, hay un trabajo de acompañamiento que tendríamos que seguir haciendo. Es una responsabilidad moral”, considera Myriam Iglesias, una de las coordinadoras de Vive. Y destaca que en un año han atendido a unas 60 usuarias.

“El problema no es solo la desatención, también que no haya continuidad en lo que se están haciendo, se instrumentaliza a las personas y un expediente que se va traspasando de una entidad a otra y parece que no importa la calidad de la intervención”, agrega Iglesias.

Pide a la Junta “que sea rigurosa con los plazos” porque estima que las entidades “hemos sido responsables, hemos hecho el trabajo con rigor a pesar del exceso de trámites solicitados” y es necesario que la administración ponga lo mismo de su parte. Más aún, dicen, en el grave contexto en el que nos encontramos este año y que necesita “una respuesta urgente”.