La jueza que lleva el caso de la querella interpuesta por la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga ha decidido apartar a Abdullah Al-Thani y sus hijos Nasser, Nayef y Rakan, todos miembros del consejo de administración de la entidad. Ahora pone el club de Martiricos en manos de administrador judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 14 impone también una fianza de 5.4 millones de euros. Es justo lo que solicitaba la Fiscalía en la vista celebrada el pasado martes en la Ciudad de la Justicia.

Así que tras los dos autos de la jueza, el Málaga pasará a tener un administrador judicial, tal y como apuntó Sur. Se trata de José María Muñoz Jiménez. El periodo será de seis meses, tal y como pedía el ministerio fiscal. Los accionistas minoritarios esperaban que dicho plazo se extendiese hasta final de la temporada 2020/21. De cualquier manera, el tiempo es prorrogable. En cuanto a la fianza pedida a los Al-Thani, existe además la posibilidad de embargo en caso de no satisfacer la petición del tribunal. La familia catarí sólo cuenta en España con las acciones del Málaga para este supuesto.

El vuelco ahora mismo es muy importante y abre un nuevo panorama en el Málaga, marcado en los últimos años por las situaciones extradeportivas y las excentricidades de los propietarios, que además de este delicado asunto tienen todavía pendiente el conflicto con BlueBay por la titularidad de parte de las acciones del club, el previsible juicio con Víctor Sánchez del Amo y otros derivados de diversos despidos como los de Caminero o Jofre.

La resolución de la jueza todavía no es firme y la defensa de Al-Thani tiene un plazo de cinco días para recurrir esta cuestión, a la par que puede acudir a la Audiencia Provincial para recurrir. 

Blanqueo de capitales

Destaca poderosamente la atención que en uno de los autos se recoge un posible delito de blanqueo de capitales por parte de la familia Al-Thani. Según se recoge en el documento, esta cuestión bebe de los registros realizados por miembros de la UDEF en el estadio de La Rosaleda, de cuyas oficinas la Policía extrajo delicada información sobre la gestión del Málaga.