La canciller de Alemania, Angela Merkel, y sus socios de coalición presentaron un plan para tramitar en sólo una semana las peticiones de asilo de los inmigrantes con escasas opciones de quedarse en el país, con vistas a su rápida expulsión. Con este acuerdo se pone fin a la tensa disputa de los últimos días en el seno de la gran coalición a propósito del rechazo frontal del Partido Socialdemócrata (SPD) a la propuesta de las "zonas de tránsito" de la Unión Socialcristiana (CSU bávara, los dos socios minoritarios de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel.

El acuerdo es un "buen e importante paso adelante", afirmó la canciller en una rueda de prensa con los presidentes de la CSU, Horst Seehofer, y el SPD, Sigmar Gabriel, tras una reunión de más de tres horas que retoma las negociaciones del largo e infructuoso encuentro a tres bandas del pasado domingo. Gabriel valoró que el acuerdo vaya a servir para "ayudar, ordenar y gestionar" la entrada masiva de refugiados en el país, que este año podrían llegar a ser cerca de un millón de personas.

La piedra de toque de esta iniciativa es la puesta en marcha de entre tres y cinco centros especiales en todo el país a los que se destinará a los nacionales de los estados que la ley alemana considera seguros y que, por tanto, tienen pocas opciones de obtener asilo político. Entre estos países están Albania, Kosovo y Montenegro, tres de los países de origen más frecuentes de los cientos de miles de refugiados que han llegado al país en las últimos meses.

El objetivo es que en estas instalaciones se procese en un máximo de una semana las peticiones de asilo y, tras otra semana para posibles reclamaciones, se proceda a la expulsión de los rechazados mediante una fórmula similar a la que se emplea en los aeropuertos. La canciller subrayó que lo que se pretende es "acelerar los trámites de quienes tienen pocas perspectivas de reconocimiento" de su demanda.

La asignación a uno de estos centros incluye para los peticionarios de asilo la obligación de permanecer en la comarca donde se encuentre esta instalación, bajo severas penalizaciones. Seehofer subrayó que el no cumplimiento de esta "estricta obligación de residencia" conllevará la pérdida de las ayudas y la cancelación del trámite de asilo. Además, el acuerdo incluye una cláusula por la que se prohíbe el derecho a la reagrupación familiar durante dos años a quienes no se puedan acoger a la Convención de Ginebra o al derecho fundamental de asilo pero que tengan derecho, por algún motivo especial, a permanecer en Alemania.

En el ámbito internacional, el texto pactado se refiere al papel crucial que desempeña Turquía en esta crisis, a la necesidad de aumentar la ayuda humanitaria en Afganistán y a la urgencia de reforzar los controles en las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE).

Los líderes de la gran coalición han escenificado en los últimos días sus fuertes divisiones en la gestión de la crisis de los refugiados, que supone un todo un reto político, financiero, logístico y social para Alemania. Seehofer, dando voz a Baviera, el principal punto de entrada de la avalancha de refugiados, había exigido el establecimiento de "zonas de tránsito", grandes centros junto a las fronteras donde se tramitarían las demandas de asilo de forma urgente y desde donde se expulsaría directamente a los rechazados, que no podrían abandonar las instalaciones durante el proceso.

Gabriel, por su parte, había calificado la propuesta bávara de campos de internamiento y abogado por una red con múltiples "centros de recepción" por todo el país donde registrar a los refugiados. Tras presentar el acuerdo con los líderes de la CSU y el SPD, Merkel inició un encuentro con los jefes de gobierno de los 16 estados federados, para abordar otras serie de cuestiones derivadas de la crisis de los refugiados.

El ministerio del Interior anunció que en lo que va de año ha registrado la llegada de un total de 758.473 solicitantes de asilo, de los que el grupo mayoritario son los nacionales de Siria (244.000 personas), seguidos por los ciudadanos con pasaporte de Albania, Afganistán, Iraq y Kosovo. Por su parte, la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) indicó que desde enero se han registrado 104 ataques violentos contra albergues de refugiados en Alemania, incluidos 53 incendios provocados.