Otto Pérez Molina, un general retirado de 61 años, se convierte hoy en el octavo presidente de Guatemala desde el restablecimiento de la democracia en 1986 y deberá hacer frente a retos quizá más profundos que los de hace 26 años, cuando los militares decidieron dejar el poder.

El incesante avance del narcotráfico, la creciente ola de criminalidad e inseguridad pública y la profundización de la pobreza, entre otros problemas sociales crónicos de la sociedad guatemalteca, se perfilan como los mayores retos para el nuevo Gobierno guatemalteco.

El desafiante escenario se complementa con una suerte de Estado en quiebra, con recursos inexistentes para atender las necesidades hospitalarias más urgentes y teniendo que cargar con una deuda "flotante" por compromisos de pago pendientes por un monto superior a los 1.000 millones de dólares.

En el plano social, Pérez iniciará su mandato de cuatro años presionado por flagelos históricos que afectan especialmente a la población rural (65%) y al pueblo maya (43%) como la falta de desarrollo rural integral, la pobreza y pobreza extrema, las pocas oportunidades de acceso a la educación y la salud y la discriminación.

Si bien estos problemas existen en Guatemala desde la llegada de los españoles, en 1524, Pérez estaría llamado a dar muestras inmediatas de voluntad para enfrentarlos, no sólo para disminuir la presión social sino para pasar a la historia como un ex militar que tuvo la decisión de hacer lo que sus siete antecesores civiles, desde 1986, no quisieron o no pudieron lograr.