El gobierno ha decidido cortar con los independentistas. Al no aceptar estos su propuesta de diálogo, Sánchez asume el riesgo de verse obligado a acortar la legislatura. Sabe el independentismo la imposibilidad de lo que pretendían: buscaban una representación, un holograma de Torra y el gobierno de España como si fuesen Theresa May y la UE negociando las condiciones de salida. La figura del relator era un significante que ellos llenarían de significados. Son unos cuentacuentos: ni aquí ni en ningunos de los Estados nacionales existe nada parecido al artículo 50 del Tratado de la Unión. Los ingleses están viendo en la práctica la imposibilidad de romper los vínculos jurídicos y económicos que desde 1973 han ido tejiendo con la UE. Imaginen lo que sería romper entre Cataluña y España unos lazos que proceden de la noche de los tiempos. El verdadero problema para la negociación es que el nacionalismo, tras atacar con tenacidad los principios políticos sobre los que se asienta el Estado de las Autonomías, inició ya como independentismo el proceso de demolición de los fundamentos jurídicos. Por eso el problema al que nos enfrentamos ahora es más de naturaleza legal que política. Y la única mesa operativa es el Tribunal Supremo.

En su muy recomendable ensayo, Kelsen versus Schmitt, los profesores Bárcenas y Tajadura recogen la opinión del primero sobre la crisis constitucional de la República de Weimar: "si en el pasado se pretendió defender la legalidad constitucional con métodos políticos, ahora de lo que se trataba era de defender la legitimidad constitucional (esto es, valores políticos) por medios jurídicos". Finalmente se impuso el decisionismo de Schmitt, la defensa de la primacía de la política sobre la legalidad, que acabó sirviendo de legitimación jurídica para la dictadura nazi. En cambio, el normativismo de Kelsen inspiró las constituciones europeas de posguerra, incluyendo la nuestra del 78.

Pero, además, la mesa de partidos tenía también el grave problema de que en ningún caso participarían quienes representan la mitad del electorado. Algo criticable pero que no deja de ser un hecho y no hay que olvidar que cualquier solución exigirá, para ser puesta en práctica, la vuelta a los consensos básicos. Algo que sabe bien el propio Sánchez que, con sentido de Estado, no dudó en dar su apoyo al gobierno de Rajoy cuando, tras la declaración unilateral de independencia, decidió aplicar el 155.