Nos solemos oponer a las pretensiones del nacionalismo excluyente invocando el derecho constitucional de todos los españoles a recibir un nivel similar de servicios del Estado. Pero ese principio de igualdad parece que tenga cada día más enemigos. Restablecerlo junto al de cohesión territorial, como elementos básicos del sistema autonómico, debería ser una tarea prioritaria. Pero me temo que esos valores están siendo también víctimas del momento de confusión política y moral que vivimos. La fiscalidad es, más que las emociones o los particularismos culturales, lo que mejor explica las tensiones territoriales. La asimetría fiscal es un efecto perverso de nuestro modelo autonómico y su pecado original fue la constitucionalización de los sistemas forales. Que la armonización fiscal se plantee ahora de la peor forma posible, no quiere decir que no sea necesaria. No es algo propio de la bilateralidad de una negociación presupuestaria, más bien lo es de la Comisión de Política Fiscal y Financiera. Cataluña se puede ver perjudicada por la laxitud fiscal madrileña, igual que se sienten muchos países de la UE perjudicados por la liberalidad fiscal con la que atraen países, como Irlanda u Holanda, a grandes multinacionales que apenas cotizan por su negocio en el resto de los Estados de la Unión. Madrid es una comunidad claramente favorecida por el efecto capitalidad que, contrariamente a lo que cabía esperar, se ha visto fortalecido con el desarrollo autonómico: como consecuencia de la capitalidad política, también es, hoy más que nunca, capital económica, cultural, financiera, mediática, etc. con todo lo que ello conlleva de atracción de actividades y empresas. Gracias a esa ventaja de situación el liberalismo de Ayuso es un lujo que se pueden permitir, aunque también opere como factor de desigualdad territorial.

Pero la igualdad tiene también enemigos inesperados. El BNG, tras las elecciones gallegas, planteó como su objetivo prioritario para la legislatura conseguir un sistema de conciertos para Galicia. Resulta sorprendente que se plantee tal cosa desde una comunidad con saldo claramente favorable con el actual sistema. Pero aún es más sorprendente, que sea precisamente el partido hegemónico de la izquierda gallega el que apueste por un sistema fiscal que acabaría eliminando en la práctica los principios de solidaridad y cohesión territorial. Deberíamos aprender a distinguir entre izquierda e "izquierda".