Efectivamente, los transportistas en huelga han hecho lo que no había hecho nadie: tener un problema con otra patronal y hacerle la huelga al Gobierno. Eso es lo que se deduce de las palabras de su líder Manuel Hernández, que explicaba el domingo que no está de acuerdo con las condiciones que imponen empresas como Amazon a los transportistas que subcontratan, pero cuyos contratos nadie les obliga a firmar. Es el ejemplo que ha puesto y supongo que no será el único caso. Por eso es lógica su reivindicación. Como también puede serlo que protesten porque les obliguen a hacer funciones de carga y descarga, o que pidan que las plataformas tengan unos espacios dignos en los que descansar. Lo que no es lógico es que, estando tan claro quiénes imponen las condiciones que denuncian, no se planten delante de esas empresas en lugar de impedir cualquier tipo de porte. Aunque se haya contratado repercutiendo los costes de la subida del combustible o bajo unas condiciones de trabajo envidiables. Por eso no parece lógico que conviertan al Gobierno en el blanco de sus reivindicaciones, cuando, según su propio líder, es un problema entre empresarios de distinto tamaño. Ni que sus contratos de servicios tengan garantizados unos precios mínimos, pero que, cuando otros profesionales reclamamos la existencia de unos honorarios regulados (que llegado el caso les cobraríamos a ellos), la Comisión Nacional de la Competencia -desaparecida en esta polémica, dicho sea de paso- lo impida. Aunque le falte tiempo para amenazar con una multa de miles de euros a cualquier colegio profesional se le ocurre realizar la menor recomendación para que sus miembros no trabajen bajo costes. Claro que, ya puestos, tampoco lo es que millones de autónomos subvencionemos con nuestros impuestos a este grupo concreto y mañana, pese a que el aumento de los costes del combustible nos afecta a todos, realicemos nuestros desplazamientos profesionales sin las mismas contrapartidas económicas que ellos persiguen. Ni que todos nosotros tengamos que soportar las ayudas a estos profesionales a costa de ampliar el déficit público o reducir el gasto en servicios que se soporta con los impuestos.

Efectivamente, esta huelga parece responder a unos motivos lógicos que necesitan una respuesta efectiva en un contexto desquiciado. Otra cosa es que su desarrollo responda a otra lógica distinta para la que esa respuesta no vaga de nada.