Dos derrotas parlamentarias en apenas 48 horas. Este es el balance para el Gobierno de Pedro Sánchez en una semana que ha dejado traslucir el más que difícil encaje de una autodenominada coalición progresista incapaz de que no se le vean las costuras en temas de política social, la debilidad de unas alianzas con grupos poco afines y condenadas a estar permanentemente en cuestión y, por último, la imposibilidad de trazar mínimas líneas de consenso con el principal partido de la oposición. El martes, el PSOE se quedaba solo ante el rechazo del Congreso a tramitar la proposición de ley que hubiera permitido endurecer las penas contra el proxenetismo. La norma no contaba desde el primer momento con el apoyo de Sumar, que considera que no ataca la raíz del problema de la prostitución. El PP, que en principio se había sumado a la iniciativa, la rechazó para evidenciar la soledad de Sánchez. Algo parecido ocurrió ayer con la ley del suelo, aunque en este caso ha sido el propio Gobierno el que ha decidido retirarla para ahorrarse la derrota, tras comprobar la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Alberto Núñez Feijóo y contar de antemano con el rechazo de todos sus socios. La ley del suelo era una norma importante destinada a poner orden en el caos urbanístico que tiene paralizada la construcción en muchas zonas de España. Había sido solicitada por la Federación de Municipios y por muchas comunidades autónomas en las que gobierna el PP. En ambos casos han primado intereses políticos sobre el propio contenido de las leyes y ha sido determinante el hecho de que, una vez más, se está a las puertas de una campaña electoral. Lo ocurrido esta semana evidencia una situación de bloqueo político que tiene como origen la debilidad del propio Gobierno y la fragilidad de sus alianzas, tanto de coalición como de apoyos parlamentarios. Sánchez intentará mantener la legislatura todo el tiempo que pueda, pero su debilidad quedará evidenciada cada vez que sus socios quieran.