El Ayuntamiento de Benalmádena ha ordenado realizar una auditoría sobre la deuda contraída con la Seguridad Social por parte de la antigua concesionaria del Club de Hielo, que se eleva a 380.000 euros que ha abonado este mes el Consistorio, con el fin de depurar “responsabilidades” y posibles “irregularidades” del anterior equipo de Gobierno, según ha declarado este miércoles la primera teniente de alcalde, Presi Aguilera. 

La edil ha destacado que la deuda fue notificada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado 13 de enero de 2023, y tuvo entrada en el Ayuntamiento 11 días más tarde, el 24 de enero, tal y como se recoge en la notificación de la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria. 

En el documento se acuerda “la iniciación del expediente para la declaración de una posible responsabilidad solidaria en el pago de las deudas con la Seguridad Social contraídas por la empresa Club de Hielo Benalmádena SL, como empresario principal en contrata de servicios por las cuotas, recargos e intereses devengados por trabajadores de la citada empresa”. Una deuda inicial cifrada en 285.380,76 euros, pero que en intereses y recargos se ha alzado casi a los 380.000 euros. 

En este sentido, Aguilera ha apuntado que a tales efectos, “se le pone de manifiesto las actuaciones del expediente para que en un plazo de 15 días a partir del siguiente a la notificación de este acuerdo, efectúe las alegaciones y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes”, pero dichas alegaciones reflejadas en el escrito de la Seguridad Social no llegaron a presentarse. Es por ello que el 30 mayo, y agotados todos los plazos, el Ayuntamiento recibe la resolución final y hace frente a la deuda en términos de garantía con la Seguridad social para evitar riesgo en las subvenciones actuales y futuras, interponiendo de forma inmediata un recurso de alzada mientras se resuelve. 

El Consistorio emprenderá las “acciones legales” necesarias 

Ante esta situación, la primera teniente de alcalde ha indicado que “el Consistorio emprenderá todas las acciones legales que sean necesarias para depurar responsabilidades, pedir explicaciones y velar por los derechos de nuestros contribuyentes”, así como ha recordado que existe documentación “más que contundente” que avala que es imposible que el exregidor Víctor Navas no tuviera conocimiento de dicha deuda. 

“Es evidente que si una empresa debe cuantías de consideración a la Seguridad Social y traspasa tanto a sus trabajadores como la concesión a otra empresa, la obligación del Ayuntamiento es comprobar el cumplimiento de las normativas y de que está al corriente de todos los pagos antes del cambio de titularidad”, ha indicado Aguilera, que ha subrayado que “el Ayuntamiento y los benalmadenses no tienen que hacerse cargo de dichas deudas”. 

Las responsabilidades sobre todo este asunto están por determinar, ya que el actual alcalde ha ordenado una auditoría sobre este caso. “Lo que más llama la atención”, ha explicado la edil, es que pese a tener conocimiento el exregidor desde el pasado mes de enero, “no ordenó ni firmó pagar dicha deuda, ni presentó alegaciones ni recursos como ha hecho ahora el alcalde Juan Antonio Lara”. “Nadie puede entender por qué desde 2017 nadie del equipo de Gobierno ni el entonces alcalde fiscalizó la solvencia de dicha concesionaria ni el traspaso de todas las deudas y trabajadores a la nueva”, ha enfatizado. 

Por eso, el Ayuntamiento ya tiene previsto “estudiar este caso para ver si han existido o no irregularidades en todo el proceso, ya que existen hasta tres informes negativos de Intervención sobre este asunto”, ha señalado la primera teniente de alcalde, que ha apuntado que “tampoco sabemos por qué el edil de Deportes, desde 2017 hasta la fecha, no ha tomado medida alguna para controlar si la anterior concesionaria estaba o no al corriente de los pagos a la Seguridad Social, si se ha comprobado o no el cumplimiento del pliego de condiciones, por qué han dejado que se acumule dicha deuda y pase a otra empresa sin asumirse la misma, y por qué tiene que hacer frente el Ayuntamiento a casi 60.000 euros de recargo”. 

“Observamos que todo esto es muy extraño y cuanto menos susceptible de fiscalizar para descartar cualquier atisbo de posibles irregularidades”, ha destacado Aguilera, quien ha remarcado que “hemos llegado para que todo cambie en Benalmádena y para que el Ayuntamiento tenga paredes de cristal, y esto nos obliga a poner todos estos hechos en manos de un servicio jurídico para que lo analice en profundidad, se estudien esos informes y se depuren responsabilidades”.