Córdoba, tercera ciudad andaluza en número de habitantes, no tiene condicionada su actualidad política ni por los recortes, ni los problemas económicos que atenazan a la mayor parte de las administraciones públicas. Que también. Al contrario, al gobierno municipal de Córdoba y al resto de grupos políticos los tiene enfilado el pasado. En concreto, los últimos 20 años de economía de la ciudad que supusieron el florecimiento de los negocios de su jefe de la oposición, Rafael Gómez Sánchez.

Ahora que en Italia triunfan los cómicos antisistema, en el Pleno del Consistorio cordobés se sienta un empresario cuya sola presencia ha supuesto una suerte de cambio de tercio a la sobrada mayoría absoluta popular. Si alguien esperaba un mandato plácido se ha equivocado de medio a medio.

En Córdoba, Rafael Gómez es un hombre sobradamente conocido. Fuera, menos. Se le conoce por su apodo, Sandokán, por sus intervenciones en la plataforma de vídeos on line Youtube y porque es uno de los procesados, a la espera de sentencia, del caso Malaya, la macrooperación contra la corrupción en la Costa del Sol que es el fin de una época en el capitalismo del ladrillo más duro. Él ha relatado sus orígenes. Cabrero, hombre de mil oficios, emigrante en Francia a edad adolescente y platero, oficio artesanal por excelencia de la ciudad. Rico hecho a sí mismo gracias a las grietas del sistema, de la burbuja del suelo y de la construcción, aquel sector basado en la ilusión de que los precios nunca iban a bajar.

El pasado que vuelve no es el del Gómez primer constructor, el de los pisos del Arenal, aprovechando la legislación de la época sobre la VPO. Tampoco el que entró en el fútbol, ni el que realizó la compra masiva de suelo antes y durante la redacción del actual Plan General de Ordenación Urbana. Tampoco el del promotor de un hospital privado de alta tecnología o del todavía propietario del popular parque de atracciones Tivoli. El hoy político y empresario es el que ha estado siempre en las orillas del poder de la ciudad en una relación de aparente simbiosis.

El que ha vuelto es el Rafael Gómez al que los políticos iban en peregrinación a pedirle cosas, recursos, patrocinios. El que manejó, según confesión propia, miles de millones de euros de créditos bancarios a pesar de no haber puesto un pie en una escuela de negocios o se sentaba en el patronato de una fundación cultural a pesar de no haber leído un libro. La principal afectada es Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba entre 1999 y 2008, a quien Gómez ha acusado directamente de cuestiones graves como darle permiso verbal para construir unas naves de 45.000 metros cuadrados (cuatro campos de fútbol y pico), sin licencia ni asiento en el planeamiento de la ciudad.

Rafael Gómez, Sandokán, cuenta con 25.000 votos y cinco escaños producto de su partido Unión Cordobesa, un artefacto indefinible que, asegura, se volverá a presentar en 2015. Gómez los consiguió a caballo de su enorme popularidad, cuatro ideas básicas y el hundimiento político de la izquierda. El empresario reconoce, y lo hace de forma evidente, lo que le aburre la dinámica municipal. Su grupo está partido (hay denuncias constantes con dos concejales) y sus aportaciones a la vida institucional del Consistorio están aún por comprobar.

Si lo que quería Gómez era notoriedad y que los que mandan no se olvidaran de su existencia, objetivo conseguido. El hecho de que un concejal sea el principal deudor de la institución de la que es cargo representativo sólo cabe considerarse como una rareza. Un Guinness mundial de los que le gustan al equipo de gobierno del PP. 31 millones de euros. Más de 5.000 millones de las antiguas pesetas. La mayoría por la construcción de las naves de Colecor, 24,7 millones. Pero no sólo. Hay de todo. Algunos cientos de impuestos de plusvalías no satisfechos, IBI, basuras. Tampoco es para tanto. A la Hacienda del Estado le adeuda 90 millones de euros. 15.000 millones de las antiguas pesetas por operaciones, ha dicho, realizadas y declaradas (esa es la razón de que el procedimiento sea administrativo y no penal) pero no abonadas.

Gómez es una máquina de titulares. Los periodistas le adoran. Sus frases son antológicas. Cualquiera en sus circunstancias pondría tierra de por medio de la exposición pública. Él no. A mayor grado de denuncias sobre su persona o sobre su gestión empresarial, más aparece en público. Y lo hace a su modo. Asegurando que la multa la va a pagar "mi prima la pelá". Sus intervenciones en los Plenos, toscas y a gritos, se fundamentan en que Córdoba está fatal y que los políticos dedican el tiempo a lo que no deben. Y eso lo hace popular. Sólo su parodia (fake) en Twittertiene muchos más seguidores que cualquier otro político de la ciudad.

El PP y Gómez han tenido una relación curiosa. Durante el inicio del mandato, llegó a considerarse a Unión Cordobesa como una marca blanca de los populares. En parte por convicción, en parte por la bisoñez de sus concejales, UCOR era un mero apéndice del gobierno municipal de la ciudad. Las tornas han cambiado y lo han hecho conforme avanzaba la gestión y se chocaba inevitablemente con los intereses directos de Rafael Gómez. Ahora la relación es mala, muy mala. El concejal-empresario acusa a Nieto de querer ver a su familia "recogiendo cartones". La última base imponible publicada del IRPF del presidente de UCOR (año fiscal de 2011) asciende a 120.000 euros.

El alcalde Nieto se topa con Gómez o sus intereses cada vez que tuerce una esquina. El Ayuntamiento ha rememorado aquellas operaciones urbanísticas pretéritas con una recalificación masiva para la construcción de un centro comercial y de ocio (con campo de golf) de la empresa Tremón. La sociedad adquirió terrenos a Arenal 2000, la promotora del constructor, cuando ésta declinaba. Tremón entró en concurso de acreedores, como bien saben las entidades bancarias que le prestaron dinero, pero mantuvo los terrenos. Gómez dice que no se pagaron aunque no aclara si existe alguna iniciativa judicial para resolver el contrato. ¿Podría ocurrir que el Ayuntamiento de Córdoba le acabara recalificando terrenos a uno de sus concejales? Podría.

El PP decidió quitarse de encima la losa de las naves de Colecor. Las famosas naves, llenas de género fabricado en China (Gómez fue un adelantado del comercio globalizado), llevan años en un incierto proceso de legalización, anulado en una ocasión por los juzgados. La clave de todo es que hay que derribar algo. La Junta pide o pedía al menos la mitad. El Ayuntamiento se conforma con una cuarta parte. El consejero de Medio Ambiente, Luis Planas, tiene en sus manos volver a llevar el asunto a los juzgados. El PSOE local, a instancias de Rosa Aguilar, decidió rebajar sus pretensiones y aprobar lo que en otros momentos no hubiera querido ni negociar. ¿Podría legalizarse una construcción sobre la que pesa una multa millonaria sin que ésta se haya pagado siquiera en parte? Podría.

Y la multa. La sanción urbanística más alta de España (24,7 millones de principal) se ha convertido en un icono. En realidad, todos saben que no la va a pagar nunca voluntariamente y que su equipo legal ha sido lo suficientemente previsor como para que sea casi imposible hacerlo por la vía ejecutiva. El Ayuntamiento anunció esta semana que va a subastar una docena de bienes, puestos como garantía por el propio empresario, para intentar resarcirse de la deuda. Los propios responsables del asunto aseguran que el nivel de cargas previas es lo suficientemente alto como para que la institución no vea un euro del resultado de las subastas. La sanción está pendiente de sentencia del TSJA. ¿Podría ocurrir que una resolución judicial la anulase? Podría.

Rafael Gómez se refiere a sí mismo como un "gladiador de los billetes". "Ni quemándolos se acaban, hermano", ha dicho. Su carrera como empresario entró en el ocaso cuando fue arrestado. En una segunda fase, lo que está desarrollando es su desarrollo como político. Afirma haber puesto en marcha un sistema de apoyo a familias desfavorecidas a las que regala mobiliario o realiza reparaciones en viviendas. El objetivo, declarado, es fortalecer a su partido político. Niega, una y otra vez, que su aventura electoral haya sido flor de un día y promete que UCOR estará en la próxima cita electoral. Su futuro penal tiene relevancia. Una eventual condena por cohecho en el caso Malaya le alejaría de cualquier cargo público en cuanto la sentencia adquiriese firmeza.

Y ésa es la gran incógnita. Los cómodos resultados electorales del PP dan una imagen ilusoria. En Córdoba, la existencia de mayorías absolutas entra dentro de la categoría de rareza electoral. La presencia de Unión Cordobesa es un elemento desestabilizador de las relaciones y de las probabilidades matemáticas. La duda es si los cinco concejales es un techo o un suelo. Si los gritos de Rafael Gómez en el Pleno le benefician o le perjudican. Si en una ciudad con 50.000 desempleados sobre una población de 320.000, el voto de castigo tiene en UCOR a su Beppe Grillo, el foro por donde desagua el hartazgo, el enfado, la ausencia de referencias. Gómez, además, tiene datos, información de muchos años. Y está enfadado.

¿Podría acabar Rafael Gómez siendo determinante para un futuro gobierno de la ciudad?

Podría. Vaya si podría.