El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado prisión provisional e incondicional para Aline F. S.M., la mujer que denunció por una supuesta agresión sexual al hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Tras ser detenida este martes en Málaga, se ha decretado su ingreso en la cárcel por su presunta comisión en un intento de asesinato en Brasil, por el que las autoridades del país la reclamaban y donde la pena máxima por este tipo de delitos es de 30 años. 

El titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía tras la vista celebrada durante la mañana de este miércoles. Aunque su defensa ha solicitado su libertad provisional mientras se tramita el proceso de extradición, Calama ha considerado que, dada la gravedad de los hechos por los está reclamada, la adopción de la prisión provisional es "necesaria, adecuada, y proporcional" con el fin de asegurar su entrega a Brasil.

A partir de este momento, las autoridades del país reclamante tienen un plazo de 80 días para formalizar la demanda de extradición, han informado a este periódico desde la Audiencia Nacional.

Los hechos se remontan al año 2022, cuando en el transcurso de una discusión la fugitiva asestó varias puñaladas a un hombre, requiriendo hospitalización en cuidados intensivos con grave riesgo para su vida. La detención practicada por el Equipo de Huidos de la Justicia de la UCO se activó tras recibir a finales de noviembre información de la busca y captura de la mujer por parte de las autoridades brasileñas. Los agentes la ubicaron en Málaga, procediendo a su arresto en virtud a la requisitoria internacional.

Arrestado y liberado

Se trata de la misma mujer que acusó a Cándido Conde-Pumpido hijo de una supuesta violación y luego retiró la denuncia contra él. El abogado llegó a ser detenido el 3 de noviembre en Madrid por participar presuntamente en una agresión sexual grupal.

Tras la denuncia, el abogado fue detenido junto a otras dos personas, si bien poco después la juez instructora le dejaba en libertad al considerar que las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de su vivienda aportadas por su defensa desvirtuaban el relato de los hechos de la supuesta víctima.

En las imágenes aportadas por la defensa de Conde-Pumpido, se podían observar diferentes dependencias del chalé donde presuntamente se habría cometido el delito sin que apareciera uno de los denunciados, en contra de la versión de la mujer.