El PP está convencido de que Susana Díaz es responsable política de las irregularidades en la gestión de las subvenciones públicas para cursos de formación. Para hacer esta afirmación, los populares se basan en una serie de "quince hechos probados" que ayer se encargaron de adelantar los parlamentarios presentes en la comisión de investigación sobre el asunto, Miguel Ángel Torrico y Teresa Ruiz-Sillero.

Uno de esos hechos es la principal crítica que los miembros del PP vienen haciendo desde que comenzó la investigación en la Cámara andaluza: "la falta de colaboración de la Junta". Ruiz-Sillero aseguró que la Administración "oculta información básica" sobre la situación de la Faffe o los consorcios de empleo. Fue su compañero Torrico quien detalló que su partido sólo ha recibido 29 de los 106 requerimientos que solicitó en la comisión; frente a los 49 que llegaron incompletos y los 28 que nunca les fueron remitidos.

Otra de las pruebas que, según el PP, garantiza que Díaz tiene responsabilidad política en el presunto fraude fue su decisión de paralizar las convocatorias de los cursos de formación para analizar si había irregularidades. Ruiz-Sillero aseguró ayer que, como consecuencia de esta parálisis, Andalucía "ha perdido 800 millones de euros" para formación, que deben unirse a los "46,9 millones de euros de fondos europeos perdidos por irregularidades". La parlamentaria popular también se refirió a las subvenciones recibidas para impartir cursos en las sedes del PSOE y UGT y a la dimisión del ex dirigente socialista Rafael Velasco por la implicación de su esposa en el fraude.

El nombre de la presidenta de la Junta está entre los 35 incluidos en el dictamen que presentara el PP para la negociación con el resto de grupos. En la lista también figuran sus antecesores al frente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio. También está Luciano Alonso, que fue titular de Educación con competencias en Empleo. En el escalafón inferior, el PP señala a diez delegados provinciales de Empleo, a seis directores generales de Formación Profesional para el Empleo, a ochos responsables más entre viceconsejeros de Empleo y directores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y a un director general de la Faffe.

La lista se completa con dos miembros del actual Ejecutivo, pese a que durante su mandato no ha habido cursos de formación: el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado -a quien el PP critica por su inacción- y a la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. Según Ruiz-Sillero hay un "paralelismo" entre la responsabilidad de Montero en el caso de la formación y la que tiene José Antonio Griñán en el caso de los ERE. "Montero recibió todos los informes de actuación y no tomó medidas. Griñán se excusó en que no había recibido informe de actuación" para eludir su responsabilidad con los ERE, aseguró la parlamentaria del PP andaluz.

Los populares defienden que el mencionado caso de los expedientes de regulación de empleo y el supuesto fraude de la formación son dos ejemplos "de la forma de gobernar del PSOE: falta de control, de medios humanos y materiales y de concesión de subvenciones de manera nominativa a una red clientelar para obtener réditos políticos en Andalucía".