Un terremoto, la imputación de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán es un seísmo de tal magnitud que hubiera derribado los cimientos del Gobierno andaluz, en mayoría minoritaria en el Parlamento, si no hubiese sido por la renuncia automática, súbita, de los cuatro aforados imputados por el Tribunal Supremo. Aunque nadie en el Gobierno esperaba que el juez Jorge Alberto Barreiro llegase a tanto, la presidenta Susana Díaz había previsto la respuesta: solicitaría la entrega de las actas de los diputados. Aunque la presidenta realizó este anuncio en noviembre, se comprometió a ello por escrito mediante el pacto de investidura que el PSOE firmó con Ciudadanos hace unas semanas. De este modo, la respuesta de estos parlamentarios se consideraba vital.

Su dirigente andaluz, Juan Marín, se dio por satisfecho al conocer la respuesta. "Al final, se demuestra que las cosas hay que firmarlas", indicó Marín a este periódico. Él mismo reconoció que le había sorprendido la rapidez de las dimisiones, que inmediatamente también fueron reproducidas por el líder de la formación, Albert Rivera. La conformidad de Ciudadanos es, por ahora, el mejor seguro del Gobierno de Díaz, que sustenta su mayoría en 47 de los 109 diputados del Parlamento. Tanto Ciudadanos como el PSOE sostienen que la agenda política de Susana Díaz para esta legislatura se mantiene adelante porque no hay ningún imputado en el caso de los ERE en cargos públicos y porque, en cierto modo, el partido de Albert Rivera saca partido a estas dimisiones al hacerse ver ante la opinión pública como una formación capaz de cambiar actitudes que hace meses eran inamovibles.

Ciudadanos ha apoyado esta misma semana la creación de una comisión de investigación sobre el caso de los cursos de formación, muy relacionado con el de los ERE. Todo hace indicar que el apoyo inicial de este partido se mantendrá hacia el Gobierno, aunque le obligará a constantes rendiciones de cuentas ante el Parlamento. Ésa es la diferencia. Susana Díaz ha salvado la legislatura pero deberá hacer frente a una Cámara más plural, menos comprometida con el Ejecutivo y, por tanto, más efectiva para ejercer su obligación del control democrático del Gobierno.

No obstante, la decisión del juez del Supremo supone una censura rotunda a los modos de actuar en la Junta durante más de diez años, el período investigado. Y si el PSOE ha logrado salvar los muebles es porque supo anticiparse a todos los escenarios. La dimisión de José Antonio Griñán como presidente en julio de 2013 supuso su harakiri político; en ese momento, sólo dijo que quería liberar al Gobierno andaluz de la pesada acusación de los ERE, aunque posteriormente relacionó de modo claro su renuncia con la instrucción judicial. Fue una asunción de responsabilidades políticas aunque no lo suficientemente explicitada. Cuando Susana Díaz le sucedió, prescindió de todos los consejeros con cualquier relación con la tramitación de los ERE, lo que le ha permitido no tener que pedir demasiadas dimisiones. Sólo le quedaba Chaves y Griñán, en el Congreso y en el Senado, y los ex consejeros Zarrías y Viera, también diputados.

La dimisión ha parecido fácil por el escaso tiempo que transcurrió entre la publicación de la exposición razonada y el anuncio de Ferraz, pero la propia Susana Díaz y el secretario general, Pedro Sánchez, se tuvieron que emplear antes a fondo para convencer de ello a los implicados. No resultaba fácil por cuantos esto creían que serían absueltos. Con motivo de las negociaciones con Ciudadanos, Griñán anunció que no repetiría como senador y, posteriormente, presentó su renuncia, mientras que Chaves se remitió al final de la legislatura para no volver a optar a su escaño por Cádiz. Tan inesperado que el secretario de Organización del PSOE, César Luena, instalado ayer en el Congreso, creía a primera hora que Chaves no sería imputado.