Siete días de huelga, más de 4.000 toneladas de basura acumulada en las calles y sin viso de acuerdo con el comité de la empresa mixta de limpieza Limasa han sido suficientes para que el Ayuntamiento de Málaga haya decidido finalmente contratar a empresas externas para retirar los residuos de seis puntos que presentaban ya problemas de seguridad para los ciudadanos. Custodiados por amplios dispositivos policiales y bajo las amenazas de los piquetes organizados por trabajadores, los operarios encargados de esta tarea intervinieron ayer por la tarde en la zona del Centro, Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero y no se descarta que lo hagan de nuevo en los próximos días.

Fue la respuesta municipal a la decisión de los trabajadores de la empresa, tomada el lunes por la noche en una asamblea, de rechazar un acuerdo y seguir adelante con el paro indefinido. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, lo anunció ayer por la mañana a los periodistas y apenas unas horas más tarde, y mediante la firma de un decreto urgente, se hacía efectiva la medida por recomendación de los informes emitidos por Bomberos y la Policía Local dado el peligro de incendio y riesgo para las personas y viviendas cercanas a estos puntos de basura acumulados tras una semana de huelga.

Las dos empresas contratadas por el Ayuntamiento actuaron entre las 17:00 de la tarde y última hora de la noche en la calle Álamos en el Centro, en las calles Antonio Martelo y Antonio Luis Carrión en Cruz de Humilladero, y en las Joaquín Rodrigo, calles Juan Sebastián Bach esquina con Haendel y Juan Sebastián Bach esquina con Schubert en Carretera de Cádiz.

En la calle Álamos de la capital, donde la basura ya había hecho impracticable una de las aceras y llegaba incluso a la calzada, una veintena de policías locales y nacionales protegían en torno a las seis de la tarde al camión y los tres operarios contratados para retirar la montaña de residuos mientras un grupo de trabajadores de Limasa los increpaba al grito de "esquiroles no pasarán" y "no tenéis vergüenza, nos estáis robando".

La decisión no sentó nada bien en el seno del comité de empresa que ayer por la tarde se reunió de urgencia para estudiar acciones judiciales por considerar que se está vulnerando el derecho constitucional a la huelga de los trabajadores. De hecho, los sindicatos anunciaron que presentarán una demanda ante el juzgado de guardia y la Inspección de Trabajo y advirtió al Ayuntamiento que "será responsable de los incidentes que puedan surgir", ante lo que considera "una grave irresponsabilidad y una provocación hacia los trabajadores de Limasa".

Pero el regidor malagueño confió en que esta situación no enquiste aún más el conflicto y aseguró que "los trabajadores saben que tenemos la obligación de hacerlo" en aquellos sitios donde exista riesgo de incendio cerca de viviendas o la basura impida el paso a personas y vehículos.

"El derecho a la huelga es incuestionable", dijo De la Torre, pero advirtió que "tiene un límite en el derecho de los ciudadanos a la seguridad y a la salud". En ese sentido, quiso dejar claro que "nuestro trabajo es defender los intereses de más de 570.000 malagueños y no satisfacer únicamente las aspiraciones de los 1.500 trabajadores de Limasa, que son respetables, pero particulares". Máxime, cuando considera que "los ciudadanos piensan que la ciudad está siendo chantajeada".

La acumulación de basura aún no ha provocado problemas de salubridad como para tener que intervenir de urgencia, aunque para el alcalde la Junta de Andalucía debería "anticiparse ya por responsabilidad porque esa situación llegará si no aumenta los servicios mínimos fijados", que criticó que siguen sin cumplirse y que está agravando la acumulación de basura. Sin embargo, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, lanzó balones fuera y dijo que "hay un comité de huelga que es el que tiene que velar por el cumplimiento de los mismos".

A la espera de la resolución final de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta, Ruiz Espejo precisó que los servicios mínimos se fijaron "garantizando un equilibrio" y señaló que "no podemos alterar unos porcentajes que ya tuvieron una garantía judicial en otras ocasiones".

Así las cosas, el conflicto laboral se agrava y la salida al problema parece más lejana que nunca. Aunque "abierto al diálogo", De la Torre, que suspendió ayer su viaje previsto a la Feria Internacional de Berlín (ITB), ha decidido plantarse y advirtió a los trabajadores de Limasa que "no vamos a ceder más porque estamos hablando del dinero de todos los malagueños".

En su opinión, los malagueños "no entenderían avanzar más, porque ya hemos llegado muy lejos buscando un consenso y que la huelga terminara". Como tampoco entenderían, según De la Torre, que los trabajadores de Limasa recuperen el dinero perdido por los días de huelga con horas extras para retirar toda la basura acumulada una vez desconvocada, por lo que señaló que "sería alimentar conflictos futuros" y que es algo "innegociable".

Aún así, aclaró que mantendrá íntegramente su última oferta acordada con el comité de empresa en la madrugada del lunes y rechazada en la asamblea por los trabajadores, excepto los puntos relativos a retirar el millar de sanciones por bajo rendimiento impuestas por la empresa a los trabajadores y los descuentos en la nómina por el paro sin previo aviso del 18 de enero que quedan eliminados.

El alcalde considera que esa oferta recoge "casi el cien por cien de lo que pedían" y que "estaba hecha ya al límite del presupuesto municipal". En este sentido, los empleados recibirían una paga fija por productividad adicional de 433 euros en 2016 repartida en 11 meses, que sumaría a los 276 euros ya aprobados en la paga de septiembre, y en 2017 obtendrían 867 euros en once mensualidades, más los 276 euros también de septiembre. Los sábados, como pedían los trabajadores, no tendrán que trabajar los empleados fijos y se contratará a eventuales.

Respecto a las vacaciones, en 2016 se mantendrá igual que hasta ahora y en 2017 los operarios podrán tomar 15 días entre junio y septiembre y otros 21 días en el resto del año. Sobre la famosa cesta de Navidad, la empresa ofrece retirarla pero, a cambio, creará un fondo social de 30.000 euros para casos coyunturales. En total, todas estas medidas supondrán un coste de tres millones de euros en 2016 y casi cinco millones en 2017.

"Hemos dado sobradas muestras de flexibilidad, generosidad y deseos de acercamiento y de acuerdo", según el regidor malagueño, que espera "una reacción sensata y razonable desde el comité de empresa porque la imagen de la plantilla de Limasa puede acabar muy deteriorada si persisten en su actitud".

El comité, en cambio, considera que ha sido la única parte que ha querido reunirse para desbloquear la situación después de que "desde hace dos años venimos solicitando por escrito reuniones para reanudar la negociación del convenio colectivo". Aún así, entiende que las pretensiones de los trabajadores son "justas y apelan a que tienen una sentencia a su favor que los avala, en referencia a la emitida por el Juzgado de lo Social número 8 de Málaga, que se publicó apenas unos días de la huelga convocada para el 14 de diciembre, y en la que se establece que hasta la firma de un nuevo convenio el vigente será el de 2010-2012 que es el que quieren recuperar.

Respecto a los socios privados de Limasa (FCC, Urbaser, Sando y Unicaja), De la Torre los deja fuera del conflicto en virtud del acuerdo alcanzado en su momento y dice que "es como si fuera municipal".