Infraestructuras

La Junta tendría que pagar 896 millones si rompiese el contrato del Metro de Málaga

  • La Administración regional tendría que compensar con esta cifra a la empresa si resolviese ahora la relación contractual

  • El valor es 17,7 millones superior al que se estimó a finales de 2016

Uno de los trenes del Metro de Málaga a su paso por la Universidad. Uno de los trenes del Metro de Málaga a su paso por la Universidad.

Uno de los trenes del Metro de Málaga a su paso por la Universidad. / Javier Albiñana

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La ingente información numérica contenida en las cuentas anuales de la sociedad Metro Málaga S.A., adjudicataria de la explotación comercial del ferrocarril urbano hasta el año 2042, reserva un apartado específico dedicado a detallar las consecuencias millonarias que tendría para la Junta de Andalucía la anulación de la vigente relación contractual.

Si bien las dudas surgidas en torno a la mayor infraestructura en la historia reciente de la capital de la Costa del Sol, especialmente presentes a finales de 2013, parecen ya despejadas (a excepción de lo que pueda suceder con la llegada o no al entorno del Hospital Civil), el contrato que une a Metro Málaga con la Administración regional no deja vacío alguno. Y pone negro sobre blanco las responsabilidades que cada de los actores debe asumir en caso de que este particular matrimonio de conveniencia se entre en crisis definitiva.

La lectura de todos y cada uno de los escenarios viene a constatar que los riesgos que han de asumir los socios privados ante un supuesto fracaso de la iniciativa son nulos o mínimos, Incluso en el caso de que fuesen ellos los directos responsables del "incumplimiento" del contrato vigente. En ese caso, la concesionaria sería debidamente compensada por la Junta por hasta 391.128.936 euros (son casi 8,7 millones menos que lo fijado a 31 de diciembre de 2016).

Una suma con la que garantizar siempre el abono a las firmas del coste de las obras realizadas en la infraestructura (cabe recordar que Metro Málaga en origen también fue adjudicataria de la construcción del Metro), así como los bienes necesarios para la explotación de la concesión.

La cifra, siendo elevada, está muy lejos de la indemnización que tendría que materializarse en el supuesto de que fuese el Gobierno andaluz el responsable del incumplimiento. En ese caso, que llegó a planear años atrás, la cuantía de la compensación alcanzaría los 895.795.024 euros. Y ello como resultado del "cómputo de los beneficios esperados" en el periodo restante de la concesión.

A diferencia de lo que sucede con el parámetro anterior, en este caso la cifra crece respecto a lo contemplado a 31 de diciembre de 2016. Y lo hace a razón de 17,7 millones. Si se toma como punto de comparación finales de 2014, el crecimiento es aún mayor, ya que en ese momento el valor que se asignaba a la concesión era de 830,3 millones.

La comparativa de estos números permite, si cabe, tomar mayor conciencia de la incidencia que tiene sobre las cuentas finales del proyecto la modificación contractual adoptada a mediados de 2014 entre las dos partes para dar encaje al cambio de trazado, ya que la llegada bajo tierra a La Malagueta fue sustituida por una primera pieza soterrada hasta la mitad de la Alameda, ya en obras, y una segunda en superficie hasta el Civil.

Junto a la transformación del esquema inicial se incluyó un aplazamiento de la terminación de la red a finales de noviembre de 2017, calendario incumplido y pospuesto ahora a finales de 2020. La misma pasó a incorporar un periodo "transitorio" en el que la Junta compensaría económicamente la pérdida de viajeros derivada del retraso en la ejecución del trazado. A modo de referencia, a finales de 2013, el parámetro de compensación en el supuesto de que fuese la Junta la que rescindiese el contrato de manera anticipada era de 512,6 millones, 383 millones menos que el momento presente.

La tercera variable que se pone sobre la mesa es que el fracaso del Metro se debiese a causas de "fuerza mayor", supuesto en el que el concesionario, "además de la devolución de la garantía, tendría derecho a una compensación por el valor patrimonial de la inversión". Con todo, la cifra se fija en 614.424.338 millones, casi trece millones más que a 31 de diciembre de 2016. Dentro de esta cuantía se incluyen los "beneficios esperados en los próximos cinco años actualizados".

Pero si todas estas referencias fuesen pocas, hay que añadir la posición clave que asume la Agencia de Obra Pública como salvaguarda económica de la concesionaria para afrontar el pago del préstamo concedido en su día por el BEI (Banco Europeo de Inversiones) o para cumplir los ratios de financiación exigidos. En este sentido, el propio contrato de concesión especifica que mientras esté en vigor el crédito del BEI, hasta el año 2030, la Junta "se compromete a realizar a favor de la concesionaria las aportaciones económicas necesarias para que ésta atienda cualesquiera obligaciones de pago asumidas en virtud del contrato de financiación".

La posición absolutamente ventajosa de Metro Málaga se mantendrá intacta, al menos hasta 2020. A partir de ese momento, el propio contrato abre la puerta a que los socios pueden disponer de unos beneficios inferiores a lo inicialmente previsto y que se calculan en algo más de un 10% de Tasa Interna de Retorno (TIR). De cumplirse con las estimaciones de demanda manejadas, de 20,7 millones de usuarios anuales, el negocio está marcado.

¿Pero y si el Metro no transporta la cantidad de pasajeros estimada? En ese supuesto, la concesionaria podría encontrarse con una reducción de la TIR, que podría pasar de ese 10% a un 5% o un 6%. Otra de las opciones es que el éxito fuese superior, de manera que en lugar de mover los mencionados 20,7 millones fuesen 21,7 millones. En ese caso, aclararon desde la Administración regional, el 75% del añadido iría en beneficio de la propia Junta.

Actualmente, el consejo de administración de Metro Málaga, que cuenta con una sola mujer entre sus integrantes, tiene a dos fondos de inversión franceses como principales referentes. Ambos vienen a sumar del orden del 75%, quedando en manos de la Agencia de Obra Pública de Andalucía otros 23,69%. 

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