El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se resiste a que la Junta de Andalucía dé ahora por enterrado sin más el acuerdo que le obligaba a construir 50 kilómetros de carriles bici en la ciudad, de los que, cuatro años y medio después de la firma del plan, no ha impulsado un solo metro. Aunque lejos de la contundencia de otros tiempos, en los que elevaba el tono de su crítica, en este caso se limitó a demandar a la Administración regional "un espacio nuevo" en el que sea posible materializar los compromisos asumidos y el empleo de fondos europeos.

No parece, en cualquier caso, que su socio institucional vaya a cambiar de parecer. Si De la Torre lanzaba este mensaje en el intento de revertir la situación pocos minutos después del mediodía, la delegada territorial de Cultura y Fomento de la Junta, Carmen Casero, le cerraba de nuevo la puerta al Ayuntamiento apenas una hora más tarde.

Palabra por palabra, ratificaba lo ya publicado, subrayando que la ejecución de plataformas de los términos municipales no es competencia de su departamento. A pesar de ello, admitió la posibilidad de mantener los contactos que sean necesarios con el Consistorio en la búsqueda de soluciones "dentro de la legalidad".

La negativa autonómica a mantener vivo este compromiso aduciendo la existencia de informes contrarios de la Intervención General y de la Asesoría Jurídica, es otro episodio de las desavenencias que en los últimos meses vienen protagonizando las dos administraciones. Y ello a pesar de que sus máximos mandatarios anunciaron que con la llegada del PP (junto a Ciudadanos) al Gobierno andaluz se abría un escenario nuevo de relaciones.

Por el contrario, son ya al menos dos los asuntos objeto de controversia y conflicto. La discrepancia por los carriles bici se suma al ya conocido sobre la tramitación ambiental del proyecto del parque del Campamento Benítez. A finales de enero, ya con el PP al frente del Ejecutivo andaluz, De la Torre recitó una especie de listado de asuntos pendientes en la ciudad que iba a reclamar a los nuevos gestores autonómicos, del que formaban parte los carriles bici.

El alcalde confirmó, además, su desconocimiento formal de lo ahora conocido. Si bien "verbalmente" dijo que había recibido algún detalle de los pronunciamientos de la Intervención y la Secretaría General, precisó que estaba a la espera de una respuesta por parte de Fomento a un escrito remitido por el concejal de Movilidad, José del Río, sobre la situación del convenio.

En este nuevo marco, el regidor propuso la creación de una alternativa a través de la cual la Junta cumpla con sus compromisos. Y lo hizo incidiendo en la necesidad de disponer de carriles urbanos para dar sentido a las plataformas interurbanas que, según admite la Junta, sí son de su competencia. "Estas vías urbanas no pueden ser ajenas a la Junta, mucho menos si hay fondos europeos para llevarlas a cabo; que ponga más interés en los carriles interurbanos no impide que, al mismo tiempo, se pueda interesar (por los urbanos) y se modifique la financiación con fondos europeos", insistió.

Anunció que enviará un escrito exponiendo los argumentos municipales, confiando en un cambio de parecer. Frente a este argumento, Casero insistía en que las advertencias emitidas por los técnicos hace inviable siquiera la posibilidad de incorporar "como una subvención excepcional" la financiación de esas infraestructura, ya que "no se puede justificar la excepcionalidad de un proyecto de carril bici de un territorio frente a otro".

El plan original fue firmado por la entonces consejera de Fomento Elena Cortés, de IU, a finales de enero de 2015. En el mismo, la Junta asumía la construcción de 50 kilómetros, mientras que el Ayuntamiento hacía lo propio con otros 17. De todos ellos, mientras el Gobierno andaluz ha impulsado 0 kilómetros, el Consistorio sí ha materializado el 60% de su parte.