La instrucción judicial por las supuestas 'mordidas' que el ex director financiero y económico de la empresa Promálaga, dependiente del Ayuntamiento de Málaga, cobraba a empresarios a cambio de supuestos favores en los contratos de la sociedad, sigue adelante. Y lo hace con la previsión para el próximo 13 de noviembre de la declaración del actual gerente de la entidad, Francisco Salas.

La comparecencia ante el juzgado encargado del caso ha sido confirmada por el propio Salas este lunes en una rueda de prensa convocada para informar ante los medios de comunicación de los hechos ocurridos. Explicaciones acotadas de manera clara, ante su negativa a ofrecer detalles sobre la causa penal actualmente en desarrollo.

Salas ha confesado la complicada situación en la se ha encontrado desde principìos de 2017, cuando un empresario le comentó a él, así como al vicepresidente de la entidad, Mario Cortés, que el ex director le había pedido dinero "a través de una factura de su cónyuge". En este caso concreto, el proveedor se negó a pagar la cuantía reclamada. Este hecho fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional el 27 de marzo de 2017, lo que permitió el arranque de la investigación ahora en el ámbito judicial.

"Para mí quedan esos dos años y medio", ha admitido el gerente de Promálaga, que confiesa que desde el momento en que se dio impulso a la investigación policial "hubo ciertas reservas" respecto al papel del ex director, cuyo papel en el procedimiento de contratación de servicios era clave. Y ello a pesar de que no tenía decisión directa sobre las adjudicaciones. Las mismas, hasta un valor de 300.000 euros, corresponden al gerente; a partir de esa suma, es el Consejo de Administración el encargado. No obstante, sí ha aclarado que era el responsable de gestionar "el dinero y las cuentas".

Salas, que ha recordado que hasta que no se demuestre lo contrario hay que respetar la inocencia del investigado, ha afirmado que no tuvo sospecha en ningún momento de lo que ahora es objeto de pesquisas. "La sospecha hasta que no es un hecho cierto es lo mismo que nada", ha explicado, al tiempo que ha defendido la labor realizada por Promálaga en este asunto.

Muestra de ello es que asegura que personalmente no tuvo conocimiento de ningún otro empresario afectado por las supuestas peticiones del ex director económico. Se da la circunstancia de que aquellos proveedores que hubiesen sido exigidos por el ex director económico y hubiese pagado, estarían incurriendo en causa de responsabilidad penal.

El gerente de Promálaga ha precisado las razones por las que la sociedad no procedió a actuar antes contra el trabajador afectado, teniendo en cuenta que los primeros detalles se conocen a principios de 2017. Sobre ello, ha señalado que desde la Policía "se nos instó a que no se hiciese cambio alguno con el objetivo de no afectar la investigación".

En relación con los motivos del despido, habla de "quebranto de buena fe contractual y abuso de confianza”, todo ello corroborado tras tener conocimiento directo por parte del juzgado de la existencia de actuaciones penales, que pueden derivar "en responsabilidades de tipo laboral”. Precisa que estaba "implicado en una causa penal y no lo comunicó a la empresa a pesar de que tenía un puesto de especial relevancia".

Al tiempo, ha informado de que de sus declaraciones, el ex director "reconoce que se ausenta del puesto de trabajo realizando otras funciones". En concreto, "de asesoramiento empresarial", cuya competencia corresponde a otras área de Promálaga. Salas ha asegurado que no hay constancia de que cobrase por esa labor.

De otro lado, los votos del equipo de gobierno municipal, con el PP y Ciudadanos, han rechazado la petición de los grupos de la oposición para constituir una comisión de investigación sobre el caso Promálaga. En las últimas semanas, el Ejecutivo local ya venía advirtiendo de su negativa a intervenir en el ámbito municipal a la espera de que se concluya la instrucción judicial.