El trámite urbanístico que debe permitir la construcción de un hotel de 150 metros de altura y 38 plantas en terrenos del puerto de Málaga se está haciendo esperar mucho más de lo imaginado. Desde que la Junta de Gobierno Local diese luz verde inicial a este ajuste, que posibilitará dotar de una edificabilidad máxima de 45.000 metros cuadrados a un suelo en el que ahora solo se autorizan 6.000, transcurren ya cuatro meses y medio sin que la Autoridad Portuaria haya entregado la documentación técnica reclamada por el Consistorio.

Una circunstancia que, de facto, mantiene bloqueado el avance en la modificación del Plan Especial del Puerto y la apertura del periodo de información pública para que la iniciativa sea objeto de análisis por parte de la ciudadanía. La dilación es aún mayor si se tiene en cuenta que las peticiones de documentación por parte de los técnicos de Urbanismo se vienen sucediendo desde mayo de 2017..

El detalle ha sido aportado este martes por el gerente de Urbanismo, José Cardador, en el marco de la Comisión de Transparencia, en la que ha sido objeto de debate una moción de Málaga para la Gente sobre el proyecto hotelero. De los puntos que la integraban, la mayoría del Partido Popular, del PSOE y de Ciudadanos ha dado al traste con la petición de suspensión de la modificación urbanística en marcha.

Sobre este particular, Cardador ha sido claro al incidir en que la validez de este ajuste queda totalmente condicionada a que, llegado el momento, el Consejo de Ministros levante la prohibición vigente para la ejecución de un establecimiento de esta naturaleza en suelo portuario. En el supuesto de que el fallo del Ejecutivo sea contrario a los intereses de la Autoridad Portuaria, todo el trabajo de adecuación quedará en aguas de borrajas, manteniendo inalterable las actuales condiciones de la parcela elegida para esta iniciativa.

El gerente ha precisado que para que pueda demandarse un pronunciamiento al Consejo de Ministros debe estar aprobada la modificación del planeamiento. Asimismo, ha recordado que el punto decimoprimero del acuerdo de aprobación de la modificación “establece que la eficacia del acuerdo de aprobación inicial quedará condicionada a que sea firme la autorización del Consejo de Ministros”.

El voto del PP, de PSOE y Cs también ha dado al traste con la propuesta para poner en marcha un “proceso participativo amplio, semejante al realizado con la reurbanización de la Alameda Principal”. A pesar de esta última alusión, los responsables del equipo de gobierno del PP han rechazado tal posibilidad. También el PSOE, que en los últimos años se han posicionado a favor de consultas ciudadanas para el uso final de los terrenos de Repsol han votado en contra de la iniciativa.

Otras dudas expuestas en el desarrollo del debate han estado vinculadas con el periodo de información pública. El acuerdo municipal fija un plazo mínimo de dos meses. No obstante, el plazo no empezará a correr hasta que el Puerto cumpla con todos los requisitos técnicos realizados por el departamento de Planeamiento.

Los números vinculados a la propuesta de intervención impulsada por el Puerto, que cuenta ya con una concesión condicionada a un grupo inversor de origen catarí, ponen de relieve la envergadura de la intervención. La inversión estimada ronda los 116 millones de euros, solo en lo tocante a la construcción. Las previsiones "más optimistas" de la propia Autoridad Portuaria desplazan la posible apertura del establecimiento al año 2024.