La actividad en Mercamálaga está bajo mínimos por los paros del transporte que se iniciaron el 14 de marzo y las empresas están ya hartas de perder tiempo y dinero. La Asociación de Mayoristas de Pescados de Mercamálaga (Ampesme) ha enviado sendos escritos a Mercamálaga y a la Subdelegación del Gobierno denunciando las "coacciones" que están sufriendo y en los que piden una compensación económica a Mercamálaga y advierten al Gobierno de que su supuesta inacción durante la pasada semana puede implicar una "responsabilidad patrimonial". 

En la carta remitida a Mercamálaga y suscrita por la presidenta de esta patronal, Pilar López, explican que cada empresa mayorista de esta asociación paga 2.078  euros mensuales de alquiler a este mercado público para poder trabajar en un puesto "bajo la premisa y condición implícita de que dicho uso y disfrute se pueda realizar de forma pacífica y en libertad". 

Los empresarios afirman que no están pudiendo trabajar por el paro de los transportistas, por lo que entienden que se rompen las condiciones contractuales pactadas y exigen una disminución diaria proporcional de 67 euros a contar desde el 14 de marzo hasta que finalice este conflicto, al que ahora también se ha sumado la huelga de pescadores. 

Transportistas en paro en Málaga.

"Entendemos que Mercamálaga, como empresa pública, debe ser consciente y consecuente con las graves dificultades que este paro nacional logístico y de pescadores está suponiendo y va a suponer para la actividad normal, y el riesgo que supone para todas las empresas mayoristas de pescado la carencia de suficientes ingresos por falta de ventas, las cuáles deben hacer no obstante frente a todos sus gastos fijos, incluidos los salariales y rentas de puestos o unidades en el mercado", exponen.

Ampesme critica "la coacción a otros transportistas que no quieren unirse al paro pero que se ven forzados por amenazas graves materiales y físicas, impidiendo así el normal transporte de mercancía desde los proveedores repartidos por toda España hasta los puestos de mayorista en Mercamálaga, así como también generando miedo y mucha incertidumbre en los clientes minoristas, que se abstienen de acudir a Mercamálaga por miedo a potenciales piquetes violentos contra sus vehículos y por la posible carencia de cantidad y variedad de mercancía que comprar dada la situación".

En el escrito remitido a la Subdelegación del Gobierno, esta patronal considera que el Gobierno no ha atajado estas protestas y le conmina a que "adopte las medidas legales oportunas para impedir definitivamente que continúen las coacciones y el ejercicio abusivo e ilícito del derecho de reunión y manifestación por cualquier persona dentro de su ámbito territorial".

Los empresarios denuncian que no pueden mover sus camiones y que los clientes minoristas no van a Mercamálaga por miedo

Incluso consideran que la Subdelegación podría tener una responsabilidad patrimonial al no haber conseguido cortar las coacciones y situaciones violentas mostradas por los piquetes. "Hasta la fecha, y tras una semana, no se está consiguiendo ponerle fin, pues la situación no solo no se ha resuelto sino que empeora y es caótica, siendo considerada Málaga (concretamente, en Mercamálaga y CTM) y Andalucía como puntos calientes frente a otras comunidades autónomas (entre otras, Madrid, Cataluña o Comunidad Valenciana) en las que las empresas transportistas y mercados de abastecimiento sí están recibiendo productos y servicios logísticos".

"La aparente pasividad e inacción inicial durante días por esta Subdelegación del Gobierno (y las de otras provincias de toda España) para poner fin a los actos abusivos y perturbadores violentos, que ha causado una grave coacción ambiental entre transportistas y consumidores, por la que unos se retraen de transportar y otros de acudir a comprar, podría ser constitutiva de un supuesto de responsabilidad patrimonial de la administración al no haberse impedido a tiempo de forma legal la realización de esos actos violentos y coactivos y, con ello, que se hayan causado dichos graves perjuicios económicos a los mayoristas", añaden.