Los recovecos del Plan PIVE

Una de las claves del resurgir de la automoción ha sido el Plan PIVE, un programa de incentivos a la venta de vehículos creado por el Gobierno que ha funcionado a la perfección y que incluso ha sido demandado por otros sectores productivos. En junio, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo aprobó su sexta convocatoria, llamada PIVE 6, dotada con 175 millones de euros. Se concede una ayuda de 1.000 euros en la compra de cada vehículo, por lo que se podían financiar 175.000 unidades. La semana pasada se agotó ese dinero y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció el pasado miércoles que se habilitaría un nuevo "procedimiento presupuestario" para que el PIVE pueda seguir funcionando en noviembre y diciembre. Para el año 2015 el Gobierno ya había incluido una partida de otros 175 millones de euros en sus Presupuestos Generales.

El objetivo es apoyar a los concesionarios y retirar de la circulación los vehículos viejos. En este sentido, se pueden acoger a la subvención aquellos compradores que entreguen un turismo con más de 10 años o un vehículo comercial ligero con más de siete y adquieran otro que, además de ser nuevo, sea de alta eficiencia energética, es decir, consuma menos combustible y emita menos CO2. El precio del vehículo nuevo nunca puede exceder los 25.000 euros sin IVA y el concesionario tiene que ofrecer, además, otro descuento como mínimo de otros 1.000 euros. En el caso de familias numerosas que compren vehículos con más de cinco plazas o personas discapacitadas que adquieran coches adaptados, la ayuda del Gobierno es de 1.500 euros y la marca debe aportar, como mínimo, otros tantos.

Se entiende que un comprador debe aportar su coche antiguo para beneficiarse de esta ayuda pública, pero ¿y si no tiene vehículo? Las fuentes consultadas explican que no hay ningún problema porque los concesionarios le buscan uno. El cliente compra un vehículo usado, paga por él unos 400 euros, lo entrega y, a cambio, recibe la ayuda de 1.000 euros. Esta práctica, aunque pueda sonar rara teniendo en cuenta que se da dinero público, es legal. El Gobierno solo exige que el comprador entregue en el punto de venta la fotocopia del recibo del pago del impuesto de circulación del vehículo achatarrado, actualizado como mínimo al año 2013, para garantizar que ese vehículo realmente se retira del parque y va directo a chatarra.

"En los anteriores planes Prever se exigía que el coche usado estuviera como mínimo seis meses a nombre del comprador, pero con el PIVE eso no pasa. Ahora el cliente puede comprar un coche y transferirlo y es completamente legal. De hecho el gobierno lo fomenta porque el PIVE es muy rentable para las arcas públicas", explica un experto del sector.

El Gobierno, según aseguran estas fuentes, da 1.000 euros, pero al año siguiente hay que declararlos como un incremento de patrimonio en el impuesto de la renta, por lo que realmente quedan unos 800 euros. Luego hay que tener en cuenta que el Estado, con la venta de cada vehículo nuevo, cobra en torno a 2.000 euros por el IVA, por lo que recibe más de lo que da. El Gobierno, en los seis planes que ha realizado hasta la fecha, ha invertido 715 millones de euros.

En Málaga, las marcas más vendidas entre enero y octubre han sido Opel, Renault y Volkswagen. En Opel, el modelo más comercializado es el Corsa, cuyo coste es de 10.000 euros. "Está arrasando y tenemos una lista de espera de 25 unidades", afirma Javier Boto, director comercial de Automóviles Nieto. En Renault se lleva la palma el Megane Berlina. Ambos son fabricados en España, lo cual, además de ser elementos valorados por los clientes, adelanta los plazos de entrega.

Otro aspecto curioso es que el lujo sigue al alza. Entre enero y octubre se vendieron en Málaga 13 Maserati, un 333% más; 10 Ferrari, un 25% más; 25 Jaguar, un 47% más; tres Rolls Royce, un 200% más; o 117 Porsche, un 25% más.