Políticos y politólogos nos avisan de que estamos ante unas elecciones cruciales. Un cruce de caminos. El que tomemos el día 28 decidirá el sentido de nuestro futuro. Una gran responsabilidad. Aunque también las urnas nos pueden conducir a un callejón sin salida. No sería la primera vez. Son, sin duda, elecciones muy importante y cada voto será decisivo. Aunque, como en las últimas andaluzas, pueden decidir por omisión los que no voten, ya que el grado de participación volverá a ser decisivo: de hecho la veracidad de las encuestas dependen en buena medida de si lo han estimado correctamente. Se da por seguro que el partido más votado será el PSOE. Que también es el más centrado. Aunque es probable que sean los extremos los que finalmente decidan. La derecha sueña con repetir la fórmula andaluza y la izquierda con que los que entonces se abstuvieron voten el 28A.

Entre las muchas noticias y anécdotas me ha parecido significativo que Unidas Podemos haya cambiado el formato de su programa: de catálogo de IKEA a texto constitucional. También en su día Anguita hizo una especie de catecismo comunista de su particular y equívoca interpretación de la Carta Magna. Los de Iglesias la rechazaban y exigían un nuevo proceso constituyente. De hecho, su hoy candidato por Málaga, en las tomas de posesión de su escaña ha evitado utilizar la fórmula reglamentaria de acatamiento constitucional cambiándola por otra elusiva, como la utilizada en su momento por Batasuna. De todas formas la conversión constitucionalista de UP es sólo parcial. Siguen defendiendo el referéndum para la independencia de Cataluña; algo que, a la vista de lo que ocurre en Reino Unido, es una muestra inequívoca de obstinación inconstitucional. Por otra parte, es difícil entender el desistimiento y la entrega de Podemos y sus confluencias al independentismo. Defender el diálogo no pude suponer la renuncia a combatir ideológicamente a partidos con ideas egoístas y excluyentes. Cuando Iglesias asume el "derecho a decidir" también acepta, de forma indirecta, la ruptura de la unidad fiscal del Estado y la pérdida de progresividad de nuestro sistema tributario. Teniendo en cuenta que los grandes servicios públicos lo gestionan la CCAA, el sistema de financiación no permite separar la cuestión social de la territorial. No hay justificación moral ni intelectual a defender, en un mismo programa, una cosa y su contraria.