Definitivamente, los primeros de octubre no son buenos días para tomar decisiones políticas. El año pasado en esa fecha el Gobierno central cometió una gran torpeza que todavía está teniendo consecuencias. Ante su fracaso de no evitar el referéndum en Cataluña, como había prometido, no tuvo otra ocurrencia que mandar a la Policía y a la Guardia Civil contra la ciudadanía que pretendía votar. Las imágenes de ciudadanos siendo golpeados para expulsarlos de los supuestos colegios electorales fueron de tal fuerza que inundaron las televisiones de toda Europa y ocultaron otras situaciones también vergonzantes que ese mismo días ocurrieron.

Porque no debe olvidarse que en aquella jornada se pudo ver cómo se metían papeletas en las urnas opacas sin control alguno, cómo se hacían supuestos recuentos en iglesias o cómo había personas que votaron varias veces. Todo eso se difuminó ante el tremendo error de intentar parar aquella acción ciudadana por la fuerza. El desacierto fue tan llamativo que en principio el grupo socialista presentó una iniciativa parlamentaria para criticar esa actuación; pero, aunque hoy resulte sorprendente, la responsabilidad de no debilitar la posición del Gobierno y no dividir al frente constitucionalista le aconsejaron desistir. Evidentemente, era otro el Ejecutivo y otra la oposición. Tampoco conviene olvidarlo.

Este año, la torpeza ha cambiado de campo y ha sido el sector secesionista el que ha cosechado los grandes errores en ese día. La imagen del presidente Torra, cumpliendo con su irrefrenable vocación de agitador, jaleando por la mañana a los miembros del CDR para por la noche mandarle la fuerza pública y disolverlos a las puertas del Parlamento y culminando su actuación al día siguiente con un ultimátum que nadie sabía y que muy pocos querían, es la mejor expresión del cúmulo de contradicciones que anidan en el seno de los independentistas. Tratar de explotar esa debilidad e intentar ahondar en esa división puede parecer la estrategia más razonable. Por eso se debería evitar cualquier actuación que favorecieron de nuevo el frente común separatista o debilitará la posición del Gobierno de España. De ahí, sería difícil de entender que lo que se hiciera ahora fuera la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supondría sin duda un elemento aglutinador del frente nacionalista o un debate parlamentario que agrandaría las diferencias en el frente constitucionalista. Exactamente las dos recetas que PP y C´s pretenden aplicar.