Cuando más enredados estábamos en el conflicto del CGPJ o, lo que es lo mismo, la inexplicable insumisión del PP a una ley que ellos mismos reformaron cuando gozaban de una holgada mayoría absoluta. Reforma que, por cierto, introdujo los aspectos más polémicos que son, precisamente, los que utilizan hoy para rechazar la ley y negarse a su cumplimiento. En medio de esa diatriba, en la que no está muy claro si trata sobre la politización de la justicia y la judicialización de la política, reaparece Puigdemont. El icono del procés, ese paradigmático embrollo político judicial en el que tan difícil es saber dónde empieza lo uno y acaba lo otro. La disruptiva vuelta a la actualidad del líder fugado, por la inesperada activación de la euroorden, añadirá más madera a la crispación, enardecerá a la derecha y muy probablemente debilite la estrategia del presidente Sánchez de desinflamación del problema catalán. Ya que, cegados por el mito de la independencia, los partidos que gobiernan la Generalitat pretenderán ignorar que, en un Estado de Derecho, el ejecutivo y el judicial son poderes separados; e incluso distantes en el caso que nos ocupa. Junts y la CUP -a los que tanto debe la extrema derecha española- utilizarán la detención para arremeter contra la mesa de diálogo: el secesionismo más irredento sólo quiere inflamar el conflicto, odia el diálogo, por lo que se sentiría mucho más a gusto con un gobierno del PP-VOX. Por su parte ERC, para no perder comba entre el electorado independentista, se verá obligada subir el precio del diálogo, a pesar del riesgo de que el coste resulte inasumible para el PSOE.

Por otra parte, la reaparición del fugado Puigdemont supone una oportunidad que la derecha no dejará pasar. Dicen que los indultos y, en general la política del gobierno para rebajar la tensión en Cataluña, perjudican las posibilidades la extradición. En realidad, que se sepa, ha sido la propia sentencia del TS y la condena por tipos delictivos no homologables, al tratamiento que delitos similares tienen en los códigos penales de otros países, lo que hasta ahora ha impedido que Puigdemont haya sido extraditado y juzgado en nuestro país.

Lo más probable es que el tribunal italiano, siguiendo la pauta de alemanes, belgas y escoceses deje en libertad a Puigdemont, ante el entusiasmo del secesionismo y la frustración del nacionalismo español. Mientras, los demás, sólo esperamos que vuelva a bajar la inflamación.