El próximo lunes se reunirá el Pleno de la Sala Tercera del TS para desenredar el conflicto creado, por su presidente, al detener la aplicación inmediata de la sentencia que hace recaer sobre los bancos los gastos de las firmas de la hipotecas. Como tras el anuncio de la nueva jurisprudencia las entidades financieras sufrieron una fuerte caída en la bolsa, inmediatamente se acusó al magistrado Diéz-Picasso de ceder a las presiones del sector financiero. Es evidente que la sentencia, que es firme, tendrá importantes efectos económicos, en primer término para las haciendas autonómicas, que al ser las recaudadoras del impuesto serán las primeras perjudicadas, junto con los bancos, ante la lluvia de reclamaciones que previsiblemente se desencadenará. La cuestión que se plantea es, una vez más, si la justicia no debe ver más allá de las leyes que tiene que interpretar o si debería tener en cuenta los efectos sociales, económico y políticos que inevitablemente producen sus decisiones. En este caso, como el fallo es contra la banca no hay duda, la defensa de una justicia de ojos vendados es unánime: los jueces sólo tienen que interpretar las leyes ignorando los posibles quebrantos económicos que puedan causar sus sentencias. Así debe ser la Justicia en estado puro.

Por todo ello, en un país en el que la indignación está a flor de piel son muchos los encolerizados con la actuación del presidente de la Sala de la Contencioso-Administrativo. Lo paradójico es que los más furiosos sean precisamente los mismo que, en el caso del "procés", defienden con la igual ardor que el Tribunal Supremo no puede ignorar los importantes efectos políticos que se derivarán de la sentencia del juicio a los líderes independentistas. Desde luego que sería extremadamente preocupante que el Presidente de una Sala del Supremo se dejara intimidar por el poder financiero o cualquier otro poder fáctico. Pero no sería menos grave que las amenazas y bravuconadas del independentismo influyesen en las decisiones de los jueces de la Sala Penal del TS. Algunos dirán que no es lo mismo, pero sí que lo es: lo justicia sólo se puede considerar como tal si es igual para todos. Tras la presentación de los escritos de acusación, Torrás ha vuelto a acusar a gobierno y tribunales de judicializar la política. Pero, como bien sabe él, los que verdaderamente la han judicializado son los que han hecho del desprecio a la legalidad democrática su única estrategia política.