Posiblemente la modificación del artículo 135 de la Constitución Española no fue una de las mejores decisiones del presidente Zapatero. La precipitación en adoptarla, su escasa explicación y su poca efectividad inmediata han hecho de esta medida una de las más impopulares de aquella legislatura. Pero a fuerza de criticarla y de sacarla frecuentemente como el gran espantajo del acuerdo PP-PSOE, ha llevado al ánimo de muchos ciudadanos que aquella fue una reforma desacertada y, lo que es peor, con escaso respeto a la legalidad. Por eso conviene aclarar que el hecho de que aquella medida no fuera sometida a referéndum no significa que no reuniera todos los mecanismos constitucionales para tomarla. Fue por tanto una reforma discutible pero, sin duda, respetuosa con la propia Constitución y sus mecanismos de reforma.

Parece evidente que no todos los cambios que puedan introducirse en nuestra Carta Magna tienen la misma importancia y, por tanto, el mismo texto prevé dos mecanismos diferenciados en función de la trascendencia de la modificación propuesta. Pensar que el único camino democrático y constitucional es la consulta en referéndum a la ciudadanía no sólo es un error sino que, en el fondo, es un planteamiento que rigidiza el texto constitucional, complica cualquier alteración por intrascendente que sea y dificulta cambios necesarios y convenientes.

En principio se preveía que en esta legislatura podría producirse una adaptación de nuestra Constitución a la actual situación con modificaciones que podían gozar de amplio acuerdo parlamentario, como podría ser la supresión o disminución de los aforamientos. Pero esta posibilidad queda bloqueada por la determinación apriorística de Podemos de exigir referéndum sea cual sea la reforma que se proponga. No parece razonable que cualquier propuesta de cambio constitucional, aunque goce de un amplio acuerdo parlamentario, incluido el criterio del grupo de Podemos, tenga que ser sometido a consulta ciudadana por el simple principio, de difícil sustento constitucional y político, de que esa es la única vía que admite dicho grupo político, anunciando que usaría siempre la prerrogativa que la propia Constitución les otorga para forzar dicha consulta. De mantenerse este criterio parece evidente que las aconsejables reformas constitucionales quedarán aparcadas sine die y Podemos seguirá prefiriendo mantener su socorrido discurso de constantes críticas a la Constitución antes que posibilitar su mejora.