Al ver las noticias sobre la formación del nuevo gobierno de la Generalitat catalana, imaginé que, en su toma de posesión, president y consellers prometerían lealtad a leyes que juraban incumplir. Después comprobé, para mi tranquilidad, que la fórmula utilizada sólo exige lealtad al presidente que los nombra. Claro que, dadas las tiranteces previas a la formación del ejecutivo, tan siquiera cabe esperar de los consejeros de Junts ese mínimo de lealtad exigida. Desconozco si existen precedentes de fórmulas en las que no se pida, a quienes asumirán las responsabilidades del gobierno, que juren o prometan lealtad a las leyes que como gobernantes estarán obligados a cumplir y hacer cumplir. Parece muy anómalo. Orwell distinguía entre el patriota, que busca la cooperación, y el nacionalista que busca el conflicto. Si además hablamos de ultranacionalista, sólo cabe esperar lo peor. Quizás por eso Felipe González dijo en una reciente, y muy comentada, entrevista que "en estas circunstancias" no era partidario de tramitar el indulto a los condenados del procés. Se puede estar a favor o en contra de dicha medida, pero no parece que el contexto político nacional y catalán sea el más propicio. Claro que, entre creer que no es el momento y reeditar un nuevo aquelarre en la Plaza de Colón, hay un abismo. En la citada clasificación de Orwell, la derecha española sería la contraparte de ese nacionalismo que sólo busca el conflicto. Los otros, los patriotas que creen en la cooperación, no los encontraremos en Colón: no estarán allí los que comparten una idea de patria vertebradora de una colectividad ética, de derechos y deberes, como la define Víctor Lapuente en su Decálogo del buen ciudadano. Claro que tampoco los encontraremos en buena parte de la izquierda actual. Algo que me parece uno de nuestros grandes males, que la izquierda se haya apartado de la defensa de la cohesión territorial y de los deberes mutuos entre ciudadanos de las distintas ciudades y comunidades de nuestro país.

Se dice, por otra parte, que el conflicto catalán es de naturaleza política y que su solución sólo puede ser política. Eso es cierto, pero sólo a medias: desde el momento en que los dirigentes independentistas decidieron actuar al margen de las leyes y de la Constitución, el asunto adquirió un inevitable carácter jurídico. Y tan erróneo es querer ver tan sólo su aspecto legal, como considerarlo únicamente un problema político.