El fantasma de ETA ha entrado de nuevo en el parlamento invocado por el PP. No importa que ya no exista, ni que haya dejado de estar entre las preocupaciones de los españoles: se trata de continuar una inalterada estrategia del PP, desde que Aznar en 1994 -tras el asesinato del teniente general Francisco Veguillas, en el que también perdieron la vida su chofer y un transeúnte- arremetiese, con los cadáveres aún calientes, contra el gobierno y culpase personalmente a Felipe González de los asesinatos. Fue la forma aznariana de hacer saltar por los aires los consensos antiterroristas para convertir el terrorismo en una cuestión partidista y en una afilada arma electoral. Invectivas de los populares, parecidas a las que padeció González, sufrió también Zapatero y ahora Pedro Sánchez, por parte del "moderado" Núñez Feijoo; que tampoco se ha privado de utilizar impúdicamente a las víctimas, como aportación a un debate al que asistió como convidado de piedra. Es cierto que la coincidencia con el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco favorecía la estrategia popular de evitar entrar en el debate sobre las propuestas económicas y sociales del presidente y sacar todo su bricolaje retórico para resucitar a ETA.

Por si era poco, coincidía también la tramitación de La Ley de Memoria Democrática, en la que el PSOE pactó con Bildu la inclusión de una Disposición Adicional para crear una comisión técnica que estudie los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas que lucharon por la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos entre 1978 y 1983. Incluir esa adicional en una ley que trata de la persecución o violencia, por razones ideológicas, religiosas o de orientación sexual durante la guerra civil y el franquismo, hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, resulta poco explicable. No deja de ser una forma subrepticia de tratar la transición y la democracia como prolongación del franquismo. Al contrario que la propia ley que en su preámbulo ensalza la Transición y valora su legado en sus justos términos. Cómo se puede ignorar el corte histórico y moral entre el franquismo y el Estado de Derecho surgido de la Constitución del 78. Bajo el imperio de la ley fueron los tribunales los encargados de perseguir las violaciones de derechos por las causas recogidas en esta ley. Algo que no deja de ser cierto porque la derecha esté haciendo un uso espurio de este asunto.