Postales desde el filo

El gran plan

Aunque no esté claro para qué conspiraron, si ni se lucraron ellos ni se financió el partido

Ante las frecuentes e interminables polémicas sobre las decisiones arbitrales en el fútbol -con y sin VAR- a mi siempre me ha parecido que la cosa es bien sencilla: penalti es lo que el árbitro dice que es penalti. Si no aceptamos esa convención, no hay juego. Así son las cosas también en la vida. Algo de eso pensé al conocer la durísima sentencia de los ERES. Conozco bien a algunos de los condenados y creo en su honradez. Antes y después de la sentencia. Sé de su angustia en estos agotadores años privados de la presunción de inocencia y el efecto devastador que todo esto ha tenido sobre ellos y sus familias: el escarnio público, la humillación, las condenas mediáticas desde el inicio de la instrucción y, ahora, como colofón, la desmedida sentencia. Me cuesta trabajo relacionar con una idea del bien o de la justicia, el sufrimiento infligido a tantos que -sin saber muy bien por qué en algunos casos- se han visto envueltos en este largo y tortuosos procedimiento.

La sentencia nos ha devuelto al punto de partida: el tribunal ha hecho suya la teoría de la conspiración que estableció la jueza Alaya al inicio de la instrucción. Aunque no esté claro para qué conspiraron, si ni se lucraron ellos ni se financió el partido. Decir que era para establecer un sistema político clientelar parece más propio de un mitin que una consideración jurídica. Sostiene el tribunal que las más altas instancias del gobierno no podían no saber. Es razonable, tanto como que Rajoy no podía no saber que en el partido que presidía se cometían graves delitos, incluso en despacho vecinos al suyo. O que tampoco Esperanza Aguirre no podía no saber que, mientras hacía comentarios sarcásticos sobre el "pito-pito", su gobierno funcionaba como una cleptocracia. Sé que no es lo mismo, aunque no logre ver la diferencia. Tampoco la voluminosa sentencia aclara la cantidad verdaderamente defraudada. Claro que si todo es ilegal para qué distinguir entre el dinero que ido a parar a quienes legalmente correspondía y el que no. O qué parte del dinero habría ido a las mismas manos si se hubiese utilizado el procedimiento establecido en lugar del abreviado. Decir que para saberlo habrá que celebrar otros ciento cuarenta juicios, suena a broma. Como se ha recordado estos días, tras su comparecencia en el TS, Griñán reconoció un gran fraude pero no un gran plan. Para saber si llevaba razón habrá que esperar al VAR, quiero decir al Supremo.

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