En la época en que me dediqué a la política orgánica, a la hora de negociar en el partido la composición de la dirección o cualquier lista de representación reservamos un apartado al que denominamos los "ni-muerto", donde se expresaba la radical oposición a determinada propuesta. Era la expresión del veto más firme y explícito, cargado de mucha visceralidad y escaso razonamiento político, para fijar como materia innegociable la inclusión de determinadas personas en el órgano que se trataba de consensuar.

Por lo visto, las cosas han avanzado poco y aunque se haya dulcificado la expresión (ahora se llaman líneas rojas) esta actitud se mantiene, y no solo para asuntos de política doméstica, sino, lo que es más grave, para cuestiones más importantes. Hoy en día la política española se ha llenado de "ni-muertos" que pueden poner en peligro el normal funcionamiento de las instituciones. De todo este fuego cruzado de incompatibilidades y vetos que se lanzan entre los grupos parlamentarios sin duda el de mayor trascendencia es el esgrimido por el PP para negarse a pactar la composición del CGPJ, el TC y el Defensor del Pueblo. Se trata de un "ni-muerto" a la totalidad en el que no se abre la posibilidad ni siquiera a la negociación o el diálogo. Si se analiza las razones que esgrime Pablo Casado para no sentarse a negociar se verá que encierran una elemental negación de los principios democráticos y de la legitimidad parlamentaria. Negarse a discutir la composición de esos órganos mientras que Podemos esté en el Gobierno es negar legitimidad no solo al actual Gobierno, sino también al Parlamento que lo eligió y a las elecciones de las que son su consecuencia política. Pretender desde una minoría insuficiente marcar el sentido y la composición de un Gobierno es tratar de ignorar el comportamiento básico de cualquier sistema democrático. Porque no se trata de negar el apoyo a una ley, por importante que pueda ser, ni tan siquiera a un Gobierno, sino que estamos hablando de negarse a participar en el obligado mecanismo constitucional previsto para la renovación de estructuras básicas del funcionamiento constitucional y al que su partido siempre aceptó como válido estando en el gobierno. Pablo Casado, en su afán de disputarle el liderazgo de la extrema derecha a Abascal, está llevando a la Constitución a un callejón sin salida y al poder judicial a la pérdida de credibilidad y legitimidad. Y en este caso no podrá esgrimir que él era tan solo diputado por Ávila.