El juicio contra los independentistas catalanes, como era previsible, nos está ofreciendo las diversas versiones que sobre los mismos hechos venían manteniéndose desde el inicio del procedimiento. La primera semana tuvo un aire mesiánico y profético en la que los protagonistas del 'procés' tuvieron la oportunidad de defender sus posiciones ideológicas cargadas de bonhomía y pacifismo. Destacó la interpretación (no se le puede llamar de otra manera ) de Jordi Cuixart, que reconoció, en un acto público de inmolación independentista, que evitar la cárcel ya no era su principal pretensión.

Mayor sorpresa causaron las declaraciones de los máximos representantes del Gobierno. El expresidente Rajoy, desde el inicio de su comparecencia, pareció aceptar el papel de acusado que se sentía en la obligación de defenderse. Y lo hizo de manera farragosa y evasiva, con imprecisiones y ocultamientos. Pero el cénit de la torpeza llegó con la declaración del entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que hizo un insuperable despliegue de displicencia e ignorancia. Esta penosa imagen gubernamental la mejoró sin duda el secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto y el delegado del Gobierno en Cataluña, que con declaraciones rigurosas, serias y clarificadoras dieron la impresión que en aquellos días, al menos, alguien del Ejecutivo sabía lo que estaba pasando.

Pero en esta pasarela de personajes destaca, por encima de cualquier otra, la figura del presidente del tribunal. El magistrado Marchena, quien en algún momento corrió el riesgo de ser ascendido a la máxima responsabilidad del Consejo del poder Judicial, está proyectando de forma magistral la idea de imparcialidad, conocimiento y autoridad. Sin excesivos alardes ni protagonismos superfluos, la actuación del presidente de la sala está sorteando la difícil papeleta de no cercenar el derecho a la defensa, pero tampoco permitir que la intervención de acusaciones y defensas deriven a proclamas políticas sin relevancia procesal. Es trascendente a todos los efectos, tanto jurídicos como políticos, que la figura del presidente del tribunal sea reconocida y respetada por todos los implicados, como hasta ahora viene siendo. Cuando se haga pública la sentencia esta unanimidad se perderá y lloverán críticas de uno y otro lado, pero se habrá conseguido el reconocimiento de un proceso respetuoso, riguroso y ecuánime. Y eso, en estos momentos en que todo está bajo sospecha de manipulación y sectarismo, no es poco.