La política localista siempre ha sido un recurso fácil para cualquier gobernante. No hay que esforzarse mucho para hilvanar un discurso donde un deseo más o menos razonable unido a un pretendido agravio pueda presentarse ante la ciudadanía como una propuesta valiente. Este ejercicio se suele hacer cuando el organismo ante el que se reivindica es de distinto color político. Y en estas circunstancias es raro encontrar a un gobernante municipal, provincial o regional que no haya hecho de esta política un elemento esencial de su actividad. Ante la ausencia de mayores éxitos de gestión la reivindicación de un mejor trato de las instancias superiores suele cubrir esas carencias. Y lo curioso de ese tipo de planteamientos es que el resto de los grupos políticos tienen dificultad para oponerse por miedo a ser tachados de traidores a su tierra. Al parecer, un partido puede olvidarse de su programa electoral o incumplir sus promesas; pero negarle a su tierra una reivindicación es un riesgo inasumible.

Con este ánimo, el presidente del Gobierno andaluz ha planteado en el Parlamento exigir al Ejecutivo central 23.000 millones de euros para la comunidad de los fondos europeos que puedan llegar a España. El razonamiento no puede ser más simple; se trata de pedir lo que por población corresponde a Andalucía, sin mayores complicaciones. Pero, a la vez, esta reivindicación y su fundamentación no puede ser más pobre. Nadie parece preocuparse de presentar proyectos atractivos que puedan modernizar y mejorar nuestro sistema productivo, buscando la potenciación de actividades que aporten mayor valor añadido o generen una actividad laboral de mayor calidad y estabilidad. Eso, que en principio sería la motivación central de estas subvenciones, pasa a ocupar un puesto secundario porque ante el maná que supuestamente nos va a caer del cielo europeo la principal preocupación de nuestros gobernantes ha sido saber cuánto nos toca y después ya verán en qué o en quién lo invierten. Esperemos que este localismo tan miope no corra el riesgo de extenderse a los entes territoriales inferiores y, esgrimiendo la misma filosofía del reparto por población, primero las diputaciones y después los ayuntamientos reivindiquen la parte proporcional del pastel y trocear de tal suerte la inversión que al final solo sirva para dotar de una piscina cubierta a cada núcleo de población. Vamos camino de eso.