El octogenario muerto en Torremolinos tenía una deuda de 2.685 euros por impagos en las cuotas de la comunidad

El octogenario muerto tras pegarse un tiro en la cabeza justo en el momento en que iba a ser desahuciado tenía una deuda de 2.685 euros por impagos de las cuotas de la comunidad. Esto dio paso a una ejecución a título judicial por impagos de las cuotas de la comunidad fechada en 2014, la noticia trasciende el ámbito judicial poniendo de relieve el drama personal que este ciudadano de origen alemán llevaba librando desde hace algo más que una década.

Todo comenzó cuando hace 11 años el hombre dejó de abonar las cuotas de la comunidad de propietarios, lo que desencadenó un imparable proceso de ejecución a título judicial. Al cabo de los años la deuda fue agravándose, de esta forma, alcanzó poco más de 2.066 euros de cuotas impagadas más 619 euros por intereses y costas.

Tras iniciarse el proceso de demanda contra él, un juzgado de primera instancia de Torremolinos llevó a cabo una subasta judicial por la que el inmueble fue adjudicado a su actual propietario. El 4 de octubre de 2022 se dictó el decreto de adjudicación.

La subasta de la vivienda se realizó por valor de 78.609 euros y generó un sobrante de 74.090 euros, cantidad que fue legalmente depositada en la cuenta del inquilino no pagador de las cuotas. Pese a la pérdida de la propiedad de la vivienda, el octogenario permaneció en ella.

No obstante, desde finales de 2022 hasta la actualidad, el nuevo propietario asumió los gastos de la casa (agua, luz, comunidad), sin poder ocuparla, pese a tener legalmente la propiedad del inmueble. El anterior inquilino, por su parte, siguió residiendo allí sin abonar ningún tipo de renta o recibo.

En este sentido, el primer intento de lanzamiento se registró el 11 de julio de 2023, cuando se comunicó al inquilino, no propietario, que debía abandonar la vivienda, pero este continuó residiendo en ella. Posteriormente, y ante la inminencia del desalojo, se solicitó el reconocimiento de una situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, el 17 de julio de 2025, el juez dictó una providencia desestimando esta petición. La decisión judicial se basó en que el hombre, se consideraba que tenía recursos económicos suficientes, entre los que figuraban los 74.090 euros del sobrante de la subasta.

Paralelamente, los Servicios Sociales, que habían intentado contactar con él para evaluar su situación, no lograron localizarlo en el domicilio.