Preocupación entre las defensas ante la posibilidad de una sentencia dura. La Audiencia extrema las precauciones para evitar la filtración de un fallo que tendrá que someterse a la revisión del Supremo.

Remite una parte de la misma, relativa a los contratos con el Ayuntamiento de Burguillos, al juzgado de Instrucción número 20 para que analice si hay hechos nuevos a los que ya se archivaron.

Excluye a otros ex altos cargos que han sido juzgados en el "procedimiento específico" de los ERE.

La causa se dirige contra un total de nueve personas por delitos de prevaricación y malversación. El instructor excluye al ex consejero Antonio Fernández y los ex directores Javier Guerrero y Juan Márquez, al haber sido ya enjuiciados en la "pieza política" de los ERE.

El magistrado ponente cuenta ya con 50 archivos informáticos donde recoge los "hechos probados y fundamentos" jurídicos del fallo, que ahora deben ser integrados en la sentencia. El fallo puede alcanzar los 1.700 folios y una vez terminado el tribunal deberá someterlo a una "revisión completa".

El magistrado Juan Antonio Calle Peña, pide una nueva prórroga para rematar los flecos de una sentencia que está casi acabada. El TSJA aprobará el martes esta última ampliación del plazo.

Queda menos de una semana para que finalice el plazo que tiene el ponente para redactar la sentencia, pero eso no implica que se haga pública de manera inminente y en periodo electoral.

El estudio, eminentemente estadístico, dice que la “comisión de referencia” utilizada por los peritos oficiales no puede extrapolarse a todas las empresas del sector de las aseguradoras.

El Ayuntamiento abonó al bufete 239.000 euros en cinco años por el caso Mercasevilla.