La Sección Séptima apartó en mayo de 2017 al ex consejero Antonio Fernández de otra pieza para evitar el doble enjuiciamiento y fijó un criterio que desde entonces obliga a la juez Bolaños.

La falta de dedicación exclusiva de las dos magistradas demora el proceso de las deliberaciones y de la redacción de una sentencia que, como muy pronto, no podrá dictarse hasta finales de este año.

La juez considera que la calificación definitiva en el juicio de los ERE sólo incluye una “nueva redacción, un cambio formal”, pero la acusación por la malversación “sigue siendo la misma”.

Debe cumplir una condena de 18 meses por no declarar una de las subvenciones que le concedió el director general Javier Guerrero, para el que trabajaba como conductor. Tiene pendiente de cumplir otra condena de un año en la que al no haber abonado una multa tendrá que cumplir casi dos años en la cárcel, y aún tiene pendiente el juicio por las ayudas de los ERE.

Los servicios jurídicos recuerdan que hay al menos 29 empresas sobre las que no se han incoado diligencias previas dentro de las 187 que contabiliza la juez María Núñez Bolaños.

La Fiscalía Anticorrupción recurre para que se vuelva a incluir al ex director de Trabajo en la causa de Río Grande.

Desde el año 2015, en que la juez dividió la macrocausa para agilizar la instrucción, se han incoado 187 piezas, de las cuales 146 siguen actualmente abiertas en el juzgado.

Condena a Juan Márquez por el menoscabo de otros 1,2 millones en relación con el pago a los ex trabajadores de Nature Pack Minas de Río Tinto.

La juez cita para abril de 2019 como investigadas a nueve personas y excluye a cinco ex altos cargos de la Junta que están siendo juzgados en el "procedimiento específico" de los ERE.

Si todas las cantidades percibidas han de considerarse malversadas, la instructora y el Ministerio Público, permitieron o dieron continuidad a la "malversación de ingentes cantidades de dinero público", argumenta el letrado José Ávila.