"¿Cómo voy a estar de acuerdo con marcharme de mi casa? Sí con el aplazamiento. No tengo a donde ir", fueron las palabras que salieron de boca de Andrea Aguado a la pregunta que le hacía la secretaria judicial en el momento de la entrega de la notificación. La orden de desahucio fue suspendida hasta el 6 de septiembre. La propietaria tenía muy claro cómo ha conseguido ganar algo de tiempo. "Si lo han aplazado ha sido por el apoyo que me han dado todos, si me llega a pillar sola se meten en mi casa", aseguraba Andrea agradecida al centenar de personas que se concentraron a las puertas de la urbanización de Añoreta en Rincón de la Victoria.

El apoyo lo han puesto los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Democracia Real Ya y el Movimiento del 15 de Mayo en Málaga que realizaban la primera acción de este tipo en la provincia desde que comenzaran las protestas ciudadanas hace más de un mes. Desde las nueve de la mañana esperaban con cantos, pancartas y palabras, a los funcionarios del juzgado encargados de comunicar el desahucio. "Esto no es un lujo, es un derecho", "Hoy por Andrea, mañana por quién sea", "Esto lo hacemos porque somos humanos, abajo los bancos, abajo los tiranos", "Se acabó la soledad, el 15-M siempre está", "Así, así, ni un paso atrás, este desahucio lo vamos a parar" y el cántico de "No nos moverán". El carácter no violento de la convocatoria invitó incluso a que se acercaran simpatizantes del movimiento con sus hijos, como el pequeño Mario, de 13 meses de edad.

En torno a las 10:15, una secretaria judicial se personó en el edificio para notificar el aplazamiento a la propietaria, aunque no pudo hacerlo hasta una media hora después, dado que los manifestantes no estaban de acuerdo con que la funcionaria efectuase la notificación en la puerta de la vivienda de la afectada. Bloquearon la entrada al edificio y, pese a los intentos de la comisión judicial y de los agentes de la Guardia Civil que la acompañaban, obligaron a que la comunicación se llevase a cabo en el portal, ante los medios de comunicación y los propios concentrados. "Contenta no puedo estar porque esto sigue su curso. Hay que ser realista. La casa está subastada y adjudicada. Vamos a seguir luchando desde la plataforma porque no es un caso aislado, es de muchos. Es una estafa legal muy fuerte, hay una crisis muy grande y no puede ser que esto siga así. Esto no ha acabado aquí, aunque haya firmado un aplazamiento la tengo perdida", explicó Andrea quien tiene además otra orden de desahucio para el 20 de septiembre de una vivienda en Cerrado de Calderón. Aparte de perder ambas se enfrenta a una deuda de 130.000 euros. Su abogado, José Cosín, comunicó que, a pesar de que la afectada fue informada de forma no oficial el pasado martes, no hay resolución oficial del primer recurso que se había presentado para la nulidad del proceso judicial y en el que se alega a la incapacidad de su defendida debido a la depresión sufrida durante el proceso. Así, es posible recurrir la nueva fecha de desahucio hasta que no se resuelva de forma oficial el recurso que está en trámite, ha explicado el abogado.

Aguado, ex trabajadora del sector inmobiliario, explicó que vivía en Madrid y que, debido al acoso al que la sometía un vecino, la inmobiliaria le ofreció otro piso, con una hipoteca puente avalada con la primera vivienda y que le otorgaba dos años de carencia para darle tiempo a vender dicho piso. Sin embargo, la afectada no logró vender el inmueble y, tras quedarse en paro y sin derecho a prestaciones y no poder hacer frente a los pagos, el banco sacó a subasta ambas viviendas, se las adjudicó por un 50% de su valor y exige además a la propietaria el abono de 130.000 euros.

Los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que promueven las movilizaciones defienden el derecho fundamental a la vivienda recogido en la Constitución, y la implantación de la dación en pago para cancelar las hipotecas.