El Ayuntamiento de Vélez-Málaga se vio ayer salpicado por la macrooperación Enredadera, relacionada con un presunto amaño de contratos de aplicaciones de gestión policial -entre ellas de sistemas de tráfico, seguridad vial y multas-, que involucra a una decena de ayuntamientos de todo el país y que se ha saldado, por el momento, con 39 detenidos. Según la agencia Efe, entre los arrestados estaban Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos (Madrid), de Ciudadanos, y el jefe de la Policía Local de Vélez-Málaga, José Andrés Montoya.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llegaba a las 7:40 a la Jefatura de la Policía Local y al edificio consistorial de la capital axárquica, concretamente al área de Contratación, dónde requirieron documentación que pudiese estar vinculada con la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF. En ambas ubicaciones, según informaron fuentes municipales, se llevaron los discos duros de los ordenadores. Y fue citado a declarar como investigado el jefe de la Policía Local, José Andrés Montoya.

Tras conocer los hechos, y por revuelo causado entre los vecinos y trabajadores del Ayuntamiento que vieron alterada la normalidad de su jornada laboral durante casi cinco horas, el alcalde, el socialista Antonio Moreno Ferrer, quiso transmitir un mensaje de tranquilidad y normalidad en las dependencias municipales. "El Ayuntamiento de Vélez-Málaga no ha tenido ninguna relación comercial con el grupo de empresas que investiga la UDEF ni ningún político del municipio ha sido investigado", aclaró el regidor, después de hacer las comprobaciones oportunas con las áreas de Intervención y Tesorería municipales desde el año 2003 hasta hoy.

El registro realizado forma parte de una macrooperación llevada a cabo por todo el territorio nacional y se limitó a la jefatura de Policía Local y al área de Contratación municipal, a la que solicitaron documentación concreta acerca de un grupo de empresas. La investigación está relacionada con una entidad, que ofrece servicios relacionadas con la seguridad vial, tales como transmisiones de radio y semáforos, "con la que el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de vinculación y así lo ha demostrado la documentación aportada", insistió el alcalde, quien explicó que en los registros "les hemos facilitado la información colaborando con ellos en todo momento".

Con respecto a la investigación abierta sobre el jefe de la Policía Local, Moreno Ferrer fue prudente y dijo que "hasta que no conozcamos lo que dictamina el juez al respecto debemos apoyar y defender su presunción de inocencia. Solo en el caso de que se demuestre lo contrario, determinaremos las medidas a adoptar según marca la ley y nuestro reglamento municipal", señaló el alcalde veleño, quien según dijo "la Policía Judicial agradeció la colaboración prestada".

Por su parte, la abogada del jefe de la Policía Local de Vélez-Málaga, Susana Sánchez, aseguró que su cliente no se había trasladado hasta la Comisaría de Málaga para prestar declaración, asegurado que "no sabía cuáles eran los delitos por los que se le investigaba". Asimismo, dijo que su defendido, que se encontraba tranquilo, "no tenía relación con ninguna de las empresas que centran la investigación" ni "decidía nada en la contratación" que pudiese hacer el Ayuntamiento. Sin embargo, la agencia Efe aseguraba ayer que entre los 39 detenidos se encontraba el jefe de la Policía Local, José Andrés Montoya.

Asimismo, Efe mencionaba que de los 39 detenidos, 18 pasarán a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Badalona, del que parte toda la investigación, y otros cinco a uno de Astorga (León), que ha abierto una pieza separada, informaron a Efe fuentes policiales. El resto será puesto en libertad, aseguraron.

Entre los posibles delitos investigados están cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El listado de municipios afectados es muy amplio e incluye varias capitales de provincia, con registros en los ayuntamientos de Huesca, Lérida, Oviedo, León, Palencia y Teruel. También en Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones, de Madrid; Tiana y Mollet del Vallés, de Barcelona; Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, de León; además de Vélez-Málaga