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Un año de cárcel al ex edil de Medio Ambiente por hacerse una casa ilegal

  • El ex concejal concurrió a las elecciones por el PP y luego se pasó al Grupo Mixto Se hizo una vivienda con chimenea y piscina

La Audiencia de Málaga ha confirmado la condena a un hombre, que fue concejal de Medio Ambiente de la localidad malagueña de Rincón de la Victoria hasta 2003, por la construcción de una casa irregular careciendo de la licencia adecuada y en suelo no urbanizable. Así, se ratifica la pena de un año de prisión impuesta por el juzgado, aunque se rebaja la multa a 2.160 euros, estimando parcialmente el recurso.

Según los hechos probados de la primera sentencia, ahora confirmados en la segunda,el acusado José Antonio Ruiz Gutiérrez realizó en una finca de secano dedicada a pastos de dicho municipio una casa de 40 metros cuadrados, con 50 metros de porche y una casita con aseos "careciendo de la licencia municipal de obras que amparase tal construcción".

Y es que, el procesado "era conocedor de la prohibición de construir" en suelo no urbanizable viviendas no vinculadas a una explotación agrícola, por lo que "para encubrir sus verdaderas intenciones" solicitó en 2003 por medio de su esposa, una licencia de vallado de parcela y caseta de apero, permiso que sí obtuvo, aunque las obras no comenzaron hasta 2007, según dijo el juez.

En 2011, en una inspección, se comprobó que las obras estaban avanzadas y se había colocado una piscina. El suelo era clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana de dicha localidad como no urbanizable protegido. Por estos hechos se condenó al acusado por un delito contra la ordenación del territorio. Además de la pena de cárcel y la multa, se ordenó la demolición de lo construido.

La sentencia fue recurrida por la defensa por error en la valoración de la prueba, pero la Sala de apelación considera que el procesado y su esposa "no acometieron las obras para las que ésta había solicitado licencia" y, por tanto, "lo construido no se ajustaba a lo autorizado" en caso de que hubiera estado en vigor el permiso, que, cuando se iniciaron las obras, "había caducado".

El Tribunal considera que "por más que el acusado sea electricista de profesión, dada su condición de concejal, forzosamente debía conocer, al menos de manera aproximada, los requisitos y los trámites necesarios para poder acometer la construcción de una vivienda". Pero, añade la Sala, el hombre niega que cometiese un error, insistiendo en que hizo una casa de aperos.

El acusado declaró que construyó una caseta agrícola más grande de lo que le habían autorizado porque los aperos no le cabían en 16 metros cuadrados, "aunque de lo único que se habló en juicio, como puso de manifiesto el juzgador, fue de un pico y una azada", aparte de que "aún habiendo árboles frutales, no existen indicios de desarrollarse explotación agrícola alguna". Los peritos que declararon concluyeron que la construcción no era legalizable, ya que, además de estar en suelo no urbanizable, la parcela es inferior a la unidad mínima de cultivo, por lo que "ni siquiera era posible la existencia de una explotación agrícola". La Audiencia confirma la demolición de la obra acordada por el juzgado y el acusado comunicó al Ayuntamiento su intención de derribar la construcción más pequeña.

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