Decretan busca y captura para el ex interventor de Cuevas del Becerro

El ex secretario interventor del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro Juan María González pasó ayer a estar en busca y captura después de que no se presentara al juicio que se iba a iniciar contra él por supuesta malversación de caudales y falsedad en documento público. Concretamente, se le acusa de apropiarse de 338.247 euros durante el tiempo que ocupó el cargo.

El acusado estaba citado en la Audiencia Provincial, y tras una espera de tres horas, en la que no se le pudo localizar, el magistrado decidió cursar una orden de ingreso en prisión. Sí acudieron su abogado defensor y los miembros del jurado popular designados para el juicio, que han sido citados de nuevo para el día de hoy por si es detenido y puede dar comienzo el juicio.

El fiscal pide para González una pena de 12 años de cárcel y 5.400 euros de multa. Además, de ser declarado culpable, también estaría obligado a devolver la cantidad sustraída y quedaría inhabilitado para ocupar cualquier cargo público durante un periodo de 19 años.

Según el escrito acusatorio, el ex secretario habría librado más de 30 cheques a cargo de las cuentas municipales y firmados por los responsables del Consistorio, supuestamente para pagos urgentes. Los cheques eran nominativos o al portador, y a criterio del fiscal, el dinero iba luego a parar a una cuenta particular, en la que el acusado aparecía como titular, según el documento.

González ocupó el cargo de secretario interventor en dos etapas; una desde 1987 hasta 1991, y otra desde 1994 hasta 2009. Las presuntas irregularidades se habrían extendido por un periodo de tres años, desde 2007 hasta 2009. El escrito también especifica que los dos primeros cheques, cobrados en el año 2007, no superaban los 2.400 euros, mientras que a partir de 2008 el número de pagos se habría disparado, llegando algunos de ellos a los 40.000 euros y haciendo un total de 275.000 euros a lo largo de esos 12 meses.

Para justificar algunos de estos pagos presuntamente irregulares, el acusado también habría elaborado distintos mandamientos de pago, que carecía de justificación y que no fueron aprobados por el Pleno de la Corporación, según recoge el Ministerio Fiscal en su acusación.