La Policía detecta carreras ilegales de motos tras frenarse las de coches

La peligrosidad de los caballitos y derrapes se acentúa a medida que el público aplaude, jalea y recoge en imágenes las proezas que después acaban colgadas en plataformas sociales. Los protagonistas incurren en un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria que parecen desconocer. O eso aparentan. La Policía Local ha intensificado la vigilancia nocturna en el polígono industrial Trévenez, en la zona de Campanillas, tras haber detectado competiciones ilegales de motocicletas. De ello se encarga el Grupo de Investigación y Protección (GIP) de Málaga, que los fines de semana despliega de forma rutinaria un dispositivo poco antes de la medianoche para poner coto a estas prácticas. La última actuación la llevaron a cabo hace dos semanas. Siguiendo el protocolo, efectivos de paisano, una vez que descubren el improvisado circuito urbano, avisan a una patrulla de uniforme, que acude al lugar, inspecciona los ciclomotores y denuncia a los autores por conducción negligente.

La labor preventiva es clave. Un equipo de efectivos dedicados a bucear en internet se percató recientemente de que habían sido organizadas al menos dos concentraciones en horario nocturno. "Quedan, se graban haciendo burradas y cuelgan los vídeos. Comprobamos que muchos de ellos eran menores", explica un agente de la unidad, quien precisa que el objetivo no es otro que vanagloriarse de la duración del trompo y de la velocidad que son capaces de alcanzar. Pero eso sí, la Policía navega "en perfiles públicos de redes sociales". "Hablamos siempre de mensajes a los que cualquiera puede tener acceso, ya sea en Facebook o Twitter. Cuando hablan entre ellos, por privado, no accedemos", matiza el investigador.

La presión policial ya permitió erradicar las carreras callejeras de turismos, que según otro de los efectivos del GIP, vivieron su momento de gloria entre 2002 y 2005. Años después siguieron coleando mientras atraían a numerosos espectadores de distintos puntos de la geografía para contemplar el duelo. La recta de Sacaba, en el paseo marítimo Antonio Machado, albergaba las competiciones sin ningún tipo de control. La Policía puso fin a ese fenómeno en la capital e impuso varias sanciones, que dieron sus frutos.

Cártama ha pasado a convertirse en el nuevo escenario de los desafíos de vehículos, aunque en su caso de cuatro ruedas. Tanto ha sido así que, en palabras del primer teniente de alcalde del municipio, Miguel Espinosa, el Ayuntamiento tuvo que solicitar hace unos meses a la Subdelegación del Gobierno y a Tráfico refuerzos para impulsar actuaciones específicas. Los vehículos se congregaban en la zona de la autovía de la A-357, dirección Campillos. "Nuestra Policía ha intervenido en varias ocasiones, pero no tenemos medios suficientes para atender ese problema ni competencias concretas en carreteras. Dimos la voz de alarma a finales de 2015. De golpe empezaron a llegar decenas de coches. Hablamos de más de 100 vehículos que quedaban para hacer carreras", señala. En palabras del portavoz municipal, las tareas se limitan a desplazar efectivos a la zona de la gasolinera para identificar a los participantes. "Hemos impedido la celebración de carreras. En el caso de la autovía, no tenemos radares para controlar la velocidad. Es competencia de Tráfico", puntualiza. La situación parece haber experimentado una notable mejoría.

Pero además de las concentraciones para pujar por el primer puesto del conductor más imprudente, los agentes locales del Grupo de Investigación y Protección de Málaga se afanan también en abortar celebraciones ilegales convocadas en interne que han proliferado. "No se publicitan, pero a través de Instagram, Facebook y Twitter van pasando el sitio y la hora", apunta uno de los efectivos, que recuerda atónito el caso de una fiesta rave organizada el año pasado en pleno cauce del río Guadalhorce. "Se identificó a gente de prácticamente toda Andalucía. Uno lanzó la invitación y llegaron a reunirse más de 1.000 personas. Intervenimos aparatos de música y se les denunció. Además, decomisamos numerosas sustancias estupefacientes a los intervinientes y abrimos varias actas por tenencia", destaca.

Fue el ruido que generaban unos altavoces de grandes dimensiones lo que alertó a una patrulla en la zona, que descubrió que desde unas furgonetas se vendían bebidas alcohólicas. La actuación requirió la presencia de varias unidades para desalojar al grupo. El objetivo principal de esta unidad pasa por abortar la cita. En estos dos últimos años, los agentes han avisado a varios organizadores para advertirles de que pueden cometer infracciones administrativas por consumo de alcohol y de las consecuencias que ello acarrea. "Hemos detectado fiestas de jóvenes que pueden convertirse en un botellón multitudinario. Si son menores, contactamos con los padres", subraya.

En otra ocasión, la divulgación de una fiesta llegó a tener tal repercusión que un vecino de Antequera se ofreció a fletar autobuses para que los participantes acudieran a la capital, donde estaba prevista su celebración. También el GIP abortó aquel evento. "Contactamos con el promotor, pretendía montar un negocio con jóvenes de distintos puntos de la provincia", especifica el agente, que advierte de las consecuencias que toda celebración sin autorización pueden acarrear.