El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sigue moviendo las piezas en su particular aspiración de convertir los antiguos suelos de Repsol en el asentamiento de la city empresarial de la capital de la Costa del Sol. Tras desvelar semanas atrás su apuesta por potenciar la reserva de suelo para la construcción de oficinas en un terreno contemplado principalmente para uso residencial, apunta ahora su deseo de que el diseño de las edificaciones futuras sea objeto de "un concurso entre los mejores arquitectos del mundo".

Sabedor de que cualquier avance en esta iniciativa requiere del consenso con el propietario minoritario, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), De la Torre ha mantenido en los últimos meses conversaciones con el presidente de la entidad. "Están abiertos al tema", señala el regidor del PP, que en menos de tres meses vuelve a aspirar a la reelección en los comicios municipales del 26 de mayo. "No es que hayan dicho radicalmente que sí", precisa.

A su juicio, la clave en el futuro de una de las grandes operaciones dibujadas en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2011, pasa por "buscar un producto que tenga mucho de oficinas, bastante de hotel y la parte necesaria de comercio; no tanto viviendas". La línea de acción dibujada por el mandatario ya fue adelantada a principios de febrero, cuando aprovechando un encuentro para informar de las potencialidades en materia de inversión de la ciudad, ofreció detalles sobre la necesaria transformación de esta parcela.

En el necesario marco de cooperación entre el Ayuntamiento y la Sareb, De la Torre defendió que se trate de una operación "conjunta", en la que los dos propietarios vayan de la mano. "El ideal es que haya lealtad entre los dos propietarios e ir conjuntamente, que haya un comprador global que desarrolle el proyecto", apostilló. El montante de esta hipotética compravente no será bajo, ya que en el esquema actual, los datos municipales elevan el valor de sus propiedades en el sector a unos 101 millones de euros.

El alcalde apostilló la necesidad de ir adelante con un proyecto que busque "el mejor producto posible para la ciudad; con los mejores arquitectos, que cree prestigio para la ciudad". Y ello aunque suponga una reducción de los potenciales beneficios económicos que traería consigo la venta de unos aprovechamientos eminentemente residenciales. "No busco el tema económico", aclaró, rechazando la idea del "pelotazo" que suele ser empleada por las formaciones de izquierda.

La ficha urbanística de estos terrenos le asignan algo más de 177.000 metros de techo edificable. De ellos, 93.212 metros son de uso residencial libre; 39.948 metros de VPO, y apenas 44.387 de uso terciario y empresarial. El nuevo reparto deseado elevaría a unos 130.000 metros el techo de uso terciario (oficinas, comercial y hotelero), primando fundamentalmente las oficinas. Ello en detrimento del aprovechamiento de vivienda libre, que quedaría reducido a apenas 8.000 metros (unas 90 viviendas), dado que la reserva de VPO ya está vendida dentro de la operación de obtención de los suelos de Arraijanal.

El Ayuntamiento es el propietario mayoritario del suelo, con aprovechamientos para 502 viviendas libres, más 400 de protección oficial (usadas en pago de parte de los terrenos de Arraijanal). A ello se suman dos pastillas de uso terciario, con 25.244 metros cuadrados de techo, cuatro de equipamientos públicos, doce de zonas verdes libres y varias para viales. Por su parte, la Sareb tiene derechos unas 402 viviendas y algo más de 19.000 metros de uso terciario en una gran torre de 35 plantas (126 metros de altura).

Para el mandatario local, el desarrollo de los suelos de Repsol, en los que cobra especial relevancia también la reserva destinada a parque, tiene relevancia por sí misma, pero también porque podría abrir la puerta a la reactivación del polígono San Rafael, cuyo traslado es clave, entre otras actuaciones, para completar la construcción del vial sobre el soterramiento de las vías del tren a su entrada en la ciudad. Esta operación, también contemplada en el planeamiento vigente, está estancada desde hace años debido a la renuencia de los propietarios privados a desmantelar sus actividades empresariales, sin garantías de nuevo emplazamiento y debido a los altos costes de la actuación.