La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga votará y fallará este lunes el recurso de suplicación interpuesto por la plantilla del parque de atracciones Tivoli World, localizado en Benalmádena, contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 el pasado año, que determina la extinción colectiva de los contratos de trabajo.

Este Juzgado dirime el concurso de acreedores necesario en el que está inmersa desde agosto de 2020 la antigua propiedad de Tívoli, la Compañía Internacional de Parques y Atracciones SA (CIPASA), y el ERE deriva de la petición que realizó el administrador concursal, Juan Antonio Sánchez, en noviembre de 2021 para el “cese de la actividad” del parque, y que finalmente contó con el fallo favorable del Mercantil en marzo de 2023. La medida fue recurrida por la representación de los trabajadores ante la Sala de lo Social del TSJA.

Ahora, el fallo judicial del alto tribunal andaluz abrirá la vía a dos posibles escenarios, siendo uno de ellos el mantener la validez del auto del Juzgado de lo Mercantil, lo que implicaría acordar “la extinción de la plantilla íntegramente”, según ha explicado el administrador concursal, quien ha apuntado que en este caso “estaría en disposición, si quiere aceptar Tremón, de la entrega del parque de atracciones”, en base a la sentencia del Supremo de 2021 que le otorga la posesión tras su compra en 2007.

De lo contrario, si la Sala de lo Social del TSJA decidiera anular el auto del Juzgado de lo Mercantil, “los trabajadores volverían a estar dados de alta en CIPASA para que se iniciara un nuevo expediente” y ver qué dice el tribunal respecto a “la participación de Tremón y de la empresa Parque Tívoli Málaga S. L. en ese ERE”.

Sánchez ha puesto de relieve la relevancia de la conclusión de este procedimiento judicial para poner fin al concurso de acreedores necesario, que se encuentra en una fase “final”, ya que “no puedo concluir un concurso con unas relaciones laborales que no se sabe si están vigentes o no”, ha puntualizado.

Por su parte, la secretaria de Servicios del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), Lola Villalba, ha señalado que el ERE se cerró con un “acta de desacuerdo”, el cual deriva de “la propuesta del administrador concursal, una extinción de los contratos que tiene que ir aparejada para el cierre definitivo por la falta de actividad de Tivoli”.

“Nosotros negociamos un expediente y hemos hecho un acta sin acuerdo. Los trabajadores ya están extinguidos y están cobrando su desempleo quien lo tiene o trabajando los que estén trabajando”, ha indicado, remarcando que desde la representación sindical se ha impugnado el auto de la jueza para “pedir la anulación del expediente de extinción promovido por el administrador concursal, y que ha aprobado el Juzgado de lo Mercantil”.

Entre los motivos para plantear el recurso, ha apuntado que la representación de los trabajadores alegó que “el Juzgado de lo Mercantil no tenía la potestad para hacer ese expediente”, así como pidió que se dilucide si la empresa Parque Tívoli Málaga S. L. “tendría que estar o no en la negociación”, ya que solicitó su presencia durante el período de consultas del ERE, que se cerró sin acuerdo.

Por otro lado, la secretaria de Servicios ha recordado que cuando el Tribunal Supremo otorgó la posesión del parque al grupo Tremón en 2021, desde la representación sindical se interpuso una denuncia por supuesto “despido tácito” ante la Sala de lo Social del TSJA al no asumir o subrogar a la plantilla, fallando ésta que “no era competente”, por lo que se recurrió la sentencia ante el Alto Tribunal, que “lo ha ratificado”, dictando en septiembre del pasado año que “quien tiene la competencia es el Mercantil”.

El espacio lúdico cerró sus puertas en septiembre de 2020 tras entrar en concurso de acreedores necesario y arrastrar más de una década de conflictos judiciales en torno a la posesión del parque, a causa de su venta en 2007, que finalmente resolvió el Tribunal Supremo a favor del grupo inmobiliario Tremón en octubre de 2021.

A ello se suma una deuda generada por el anterior propietario, el empresario Rafael Gómez, de más de 11 millones de euros, y una contienda judicial por el mantenimiento de los puestos de trabajo, a la pondrá fin la cita de este lunes con la resolución del tribunal.