El abogado de Marbella Juan Germán Hoffmann, sospechoso de haber creado la estructura exterior destinada a poner a cubierto los beneficios que Juan Antonio Roca supuestamente obtenía con la corrupción política y urbanística de Marbella, dijo ayer que en septiembre de 2001 sólo conocía al presunto cerebro del caso Malaya "de hola y adiós" a pesar de que en esa fecha fueron socios en un negocio que reportó en diez meses 6,3 millones en plusvalías.

Y ese conocimiento aparentemente superficial fue suficiente para que Hoffmann apenas un año después tuviera poderes en la fundación Melifero, una entidad creada por Juan Antonio Roca en Liechtenstein en la que acabaron los beneficios que obtuvo en aquella operación inmobiliaria conocida como operación Crucero Banús.

Las declaraciones en el macrojuicio por el caso Malaya comenzaron ayer, contra todo pronóstico, con el interrogatorio de Juan Germán Hoffmann. Todos los indicios apuntaban que sería Juan Antonio Roca el primero en hablar ante el tribunal, sin embargo, este primer bloque del caso arrancó a instancias de la Fiscalía Anticorrupción con el letrado Hoffmann.

Sí, ¿y qué? Así se podría resumir la versión que el abogado marbellí proporcionó sobre la operación Crucero Banús, en la que se lograron estupendas plusvalías gracias a la buena voluntad de un Ayuntamiento que reconvirtió en residencial el solar del centro comercial Vistamar, le aumentó el techo edificable de 500 a 11.000 metros y le vendió además a los promotores los aprovechamientos urbanísticos que le correspondían a precio de ganga.

Hoffmann explicó que el ciudadano sirio Yassin Dogmoch, en aquellos años con intereses empresariales en Líbano, necesitaba liquidez y puso a la venta la parcela Crucero Banús. Él se la ofreció a un cliente de su despacho de nacionalidad suiza que, sin embargo, le puso reparos porque la recalificación urbanística aún no estaba cerrada. Fue entonces cuando acudió a Pedro Román que hacía ya unos años que había abandonado la política y se dedicaba a la promoción inmobiliaria en la Costa. Enseguida llegaron a un acuerdo.

En ese momento crearon en suiza la sociedad Lispag, al frente de la cual colocaron administradores fiduciarios o testaferros pero que en realidad pertenecía a Pedro Román (62,5%), el propio Hoffmann (7,5%), el comisario retirado del Cuerpo Nacional de Policía Florencio San Agapito (15%) y Juan Antonio Roca (15%).

Hoffmann, ante los recelos expresados por el fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, defendió la figura de los fiduciarios u hombres de paja porque aún cuando se produce una "ocultación de los socios" reales, no tiene por qué "hacerse con intención maligna". Subrayó también el amplio predicamento que el mecanismo de la fiducia tiene en centroeuropa y, especialmente, en Reino Unido.

El 16 de octubre de 2001 Lispag compró Yambali, la sociedad propietaria de los terrenos, una operación que se formalizó en Suiza "por imposición del vendedor", aclaró el abogado. Ese mismo día el Ayuntamiento y Hoffmann firmaron el convenio que ampliaba el volumen de edificabilidad de 532 metros a 11.406 y que, por tanto, convertía el negocio en un asunto apetitoso.

La compra de los terrenos encierra un punto turbio que ni siquiera el procesado discutió: el precio. En las escrituras se hizo constar que se pagaban 841.416 euros, si bien Anticorrupción afirma que en realidad el precio fue de 4 millones de euros y Juan Hoffmann reconoció ayer sin titubeos durante su declaración que efectivamente el solar costó 4 millones.

Por otra parte, el abogado de la operación Crucero Banús, a pesar de ser quien puso su firma en aquel convenio, se desvinculó de su contenido. Alegó que cuando se hizo cargo de este negocio el acuerdo con el Ayuntamiento presumiblemente ya lo habría negociado Dogmoch, aunque luego agregó que posiblemente fue Pedro Román quien "habló con Gil o con alguien del Ayuntamiento" para ver "si era factible".

En cualquier caso, el solar de Crucero Banús quedó listo para levantar más de un centenar de viviendas en el espacio destinado a locales comerciales y Lispag, o sea Román, Hoffmann, Roca y San Agapito, vendieron en 2002 esos suelos al promotor granadino José Ávila Rojas por 10,3 millones de euros.

Juan Germán Hoffmann no negó la sucesión de los acontecimientos, sus actores y resultado final de acuerdo con la exposición que recoge el fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, en su escrito de acusación. Únicamente insistió en que no encierra ninguna maniobra oscura ni delictiva.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que estos fondos se redirigieron hacia Suiza para evitar el pago de impuestos en España, de ahí que acuse a los procesados de un delito de blanqueo de capitales. Sin embargo, Hoffmann indicó ayer que el dinero no se ocultó al fisco español porque desde el momento en que la operación societaria se cerró en Suiza era allí donde correspondía tributar y no en España.

Finalmente en el solar nunca se llegó a construir nada porque la Junta de Andalucía impugnó la licencia que se había dado al amparo del Plan General de Ordenación Urbana que aprobó el GIL pero que fue declarado ilegal.

El juicio continú hoy con la declaración de Pedro Román que aparece en el caso Malaya no por su pasado como primer teniente de alcalde de Marbella, sino como promotor inmobiliario.