Juicio por el menor que cayó a un pozo

El juez suspende la prisión para el dueño de la finca en la que murió Julen

  • Deberá indemnizar con 89.000 euros a cada uno de los padres y con 669.000 a la Junta de Andalucía

  • “Ni en varias vidas podría pagarlo”, apostilla su abogado

El acusado y los padres de Julen durante el juicio El acusado y los padres de Julen durante el juicio

El acusado y los padres de Julen durante el juicio / Javier Albiñana

David Serrano, el único acusado de la muerte de Julen, el menor de 2 años y medio que cayó a un pozo en una finca de Totalán, no entrará en prisión al quedar suspendida la pena de un año a la que ha sido condenado por un delito de homicidio por imprudencia grave. El pacto, alcanzado un día antes entre las acusaciones y su defensa para evitar la celebración del juicio, supone, no obstante, el pago de una indemnización total de 753.482 euros, de los que unos 180.000 corresponden a los padres y, la suma restante, a la Junta de Andalucía como máxima responsable de las labores de emergencias por el coste que le ocasionó el rescate. Por el momento, el procesado ha abonado un total de 25.000 euros gracias a un cliente del despacho de abogados que lo defiende. “Este empresario no quería que la Justicia cometiera una injusticia”, resaltó Juan Marín, uno de los letrados del bufete.

Durante la lectura de la resolución judicial, dictada ayer en sala, el titular del juzgado de lo penal 9, Ignacio Navas, afirmó que no considera que el dueño de los terrenos en los que se produjo el fatal desenlace aquel 13 de enero de 2019 sea “una persona peligrosa”, por lo que entiende que el ingreso en prisión no es “preciso para modificar su conducta”. También se ha tenido en cuenta el reconocimiento tardío de los hechos para rebajar la pena de reparación del daño.

La pena queda de esta forma suspendida aunque el condenado estará sujeto al cumplimiento de varias obligaciones. Una de ellas, no cometer ningún delito en un periodo de dos años a contar desde este martes. Además, tendrá que comunicar al juzgado si ha cambiado de domicilio y comparecer en cuatro ocasiones en dependencias judiciales. Así, se le pedirá que se pronuncie cada seis meses sobre su capacidad económica y que informe acerca de si ha encontrado un empleo o si su situación ha mejorado. “Es necesario que el abono de la responsabilidad civil se haga conforme a su capacidad económica y demuestre que ese esfuerzo reparador se siga plasmando durante el periodo de suspensión de la pena”, subrayó el magistrado.

Pagos de 50 euros

A este respecto, el abogado del acusado advirtió que se trata de “muchísimo dinero”, una cantidad “que ni en varias vidas podría pagar”. Según el letrado, David Serrano solo cuenta con capacidad para pagos mensuales de 50 euros y, “si tiene mejor fortuna, pagará lo que pueda”.

Asimismo, se mostró satisfecho con la suspensión del juicio tras el acuerdo que ambas partes lograron porque así se ha evitado una “dolorosa” vista oral para todos los implicados. “Era inviable para nosotros y hemos hecho esfuerzos para cerrar esto”, resaltó después de conocer la sentencia.

Al término de la vista oral, en la que se conformó con los hechos y todas las partes aceptaron el acuerdo, el dueño de la finca de Totalán lanzó un mensaje dirigido a los padres del niño, a los que pidió perdón por el “daño” que, recalcó, les ha generado. Y a renglón seguido apostilló que “en ningún momento” quiso que le “pasara nada” al pequeño. En palabras de su representante legal, este año ha sido “un infierno” para él y le supone “un alivio enorme poder cerrar este capítulo de su vida y poder dormir bien”.

"Pido perdón a los padres por el daño causado. En ningún momento quería que le pasara nada al niño"

El acusado se conformó con los hechos que mantenía la Fiscalía, en el que se apuntaba que el día de autos éste fue junto a su pareja y su hija menor, así como con los padres de Julen y el pequeño a la finca. Cuando llegaron a la comida prevista, el procesado aparcó en la explanada en la que había realizado una obra con una canalización o zanja para asentar un futuro muro, que pretendía construir y que, además, enseñó al padre del pequeño.

El acusado pide “perdón” y sostiene que “nunca quiso” que “le pasara nada“ al niño

El niño estaba jugando cuando su madre “se sintió indispuesta”, momento en el que ésta llamó a su puesto de trabajo para avisar de “la imposibilidad de acudir” y le pedía al padre que se ocupara de su hijo. En un momento dado, el menor echó a correr y al verlo, la pareja de David Serrano comenzó a gritar el nombre de Julen. El progenitor reaccionó “de forma inmediata” y ambos corrieron hacia el pequeño para frenarlo y evitar “que se hiciera daño con las piedrecitas o las paredes de la zanja”.

El momento de la desaparición de Julen

Pero, al llegar a su extremo final, “de forma repentina y sorprendente”, desapareció. Julen, según el relato fiscal, se había colado por la boca del pozo que se encontraba a ras del suelo de la zanja, “en el extremo final y sin tapar, precipitándose en su interior”. La boca del pozo, de de 28 centímetros de diámetro, se reducía posteriormente hasta los 21-22 centímetros. Poco después llegaban los equipos de rescate que durante 13 días se afanaron en sacar al niño de la prospección.

La estrategia trazada por la defensa del único condenado por la muerte del menor llegó a basarse en culpar a la piqueta y remitió un informe al juzgado en el que apuntaba que pudo provocarle un golpe en la cabeza durante el rescate. Con ello, intentaban demostrar que su muerte se produjo posteriormente a la caída al pozo. El informe definitivo de la autopsia, sin embargo, descartó esta hipótesis. El pequeño Julen murió apenas unos minutos después de caer al estrecho pozo. Su cadáver fue encontrado a unos 75 metros de profundidad, que equivalen a una planta 25. El menor, que cayó de pie, había quedado atrapado. Presentaba un traumatismo craneoencefálico y otro vertebral, ambos compatibles con la caída.

El abogado del propietario de los terrenos pidió al juez en varias ocasiones un careo con el padre del niño, al que, según su versión, había alertado del peligro que suponía el pozo, pese a que éste lo negara. Ahora, su responsabilidad pasa por el pago de una cuantía que sus abogados creen “inasumible”. “La Junta de Andalucía intentará cobrar y, cuando vea, que es imposible lo dejarán de lado”, señaló la defensa.

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